La poderosa industria automovilística alemana ha ganado tiempo ante el desafío de la descarbonización. La Comisión Europea renunció ayer a imponer el todo eléctrico a la automoción a partir del 2035. Esta era, hasta ayer, una de las medidas estrella del Pacto Verde Europeo para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que como se sabe son los principales causantes del cambio climático al favorecer el calentamiento de la atmósfera. El transporte por carretera es uno de los emisores más importantes de dichos gases. Los automóviles de combustión, según las nuevas normas, podrán circular por Europa a partir del 2035, en contra de lo previsto hasta ahora. Como contrapartida, los fabricantes de automóviles deberán cumplir un objetivo de reducción de las emisiones del 90% respecto a los niveles del 2021, mientras que el 10% restante deberá compensarse a través de una serie de créditos medioambientales que se podrán obtener mediante el uso de acero verde fabricado en la UE o de combustibles sintéticos y biocombustibles. Alemania aplaude la decisión de Bruselas, mientras que España y Francia piden que se mantengan los objetivos ambiciosos en la lucha contra la crisis climática.
Ahora está por ver hasta qué punto la decisión de la Comisión va en el camino correcto. Por un lado, hay que admitir que la renuncia al objetivo puede salvar miles de empleos y contribuir a evitar importantes pérdidas económicas a los grandes fabricantes europeos de automóviles. La práctica mayoría de ellos no han sabido o no han podido hacer frente a tiempo al reto de la movilidad sostenible, con retrasos importantes en sus procesos de reestructuración tecnológica. Esto ha hecho que, en lo que respecta al automóvil eléctrico, hayan sido superados por la feroz competencia de los fabricantes chinos. Estos dominan ampliamente el mercado mundial y europeo gracias al bajo precio de sus automóviles, a su buena calidad y a la competencia desleal que hacen al recibir cuantiosas ayudas de su Gobierno. Los problemas acumulados por la industria europea de la automoción, principalmente la alemana, son tan graves que puede afirmarse que está “en peligro mortal”, en palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.
La medida permite salvar empleos a corto plazo y preparar más la transición al coche eléctrico
La citada decisión de la Comisión Europea permitirá así a los fabricantes seguir vendiendo vehículos de combustión e híbridos. Con ello la industria europea gana tiempo.
De entrada, tiene más margen para adaptarse a la movilidad eléctrica. En segundo lugar, podrá seguir con la venta de sus modelos de combustión durante más años y mantener sus beneficios. De esta manera podrán amortizarse más fácilmente las inversiones en curso. Una de sus grandes batallas ha sido lograr que la Comisión Europea haya aceptado el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, que cualquier tipo de vehículo –no exclusivamente eléctrico– que cumpla unos requisitos mínimos de contaminación pueda ser autorizado a circular.
Se aleja el objetivo de recorte de emisiones y se daña a empresas que ya habían hecho inversiones
La decisión de la Comisión Europea, sin embargo, resta credibilidad a la lucha para lograr la descarbonización del transporte europeo; despierta desconfianza entre los ciudadanos sobre el cumplimiento de los objetivos climáticos; provoca confusión entre los eventuales consumidores, que dudan sobre qué tipo de vehículos han de comprar; distorsiona la evolución del mercado, y, como consecuencia de todo ello, se perjudica al conjunto de empresas que habían apostado abiertamente por la movilidad eléctrica.
Por todo lo que se ha dicho, el cambio de criterio de la Comisión Europea sobre las normas que deben regular el sector de la automoción europea a partir del 2035 hay que leerlo en clave de beneficios y pérdidas. Es evidente que ha sido un desacierto impulsar y movilizar el conjunto de la economía y de la sociedad hacia un objetivo crucial, como es la movilidad eléctrica total dentro de diez años, y luego cambiar de criterio. Desde Bruselas, en este sentido, se deben estudiar medidas compensatorias suficientes para todas aquellas empresas que hayan realizado inversiones en movilidad eléctrica y que se puedan ver afectadas. Por ello, se han anunciado ayudas millonarias para las fábricas de baterías, para que las empresas utilicen vehículos eléctricos en sus flotas y para impulsar la fabricación masiva de un minicoche eléctrico europeo –a precio asequible– para la mayoría de la población. Probablemente todo esto no sea suficiente para superar el impacto negativo, tanto económico como social, que comporta la renuncia del objetivo del todo eléctrico , así como la incertidumbre y desconfianza que suscita en las decisiones políticas europeas.