La emergencia de la peste porcina se hizo pública el 28 de noviembre. Transcurridas tres semanas, la fuente del brote en la zona de Collserola permanece sin identificar, aunque la hipótesis de la transmisión a través de un jabalí que consumiera restos de un bocadillo de embutidos ha perdido credibilidad. La investigación se ha trasladado al laboratorio IRTA-Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) en Bellaterra, el cual fue examinado ayer por efectivos de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, las dos fuerzas policiales con jurisdicción sobre crímenes que impactan el entorno y la seguridad alimentaria. La intervención fue autorizada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, una indagación que fortalece la posibilidad de que dicha propagación de virus patógenos –similares a los que se estudiaban allí, en conexión con la cepa denominada Georgia 2007– pudiera haber comenzado en el mencionado laboratorio. Sin embargo, esta es solo una de las vías de investigación. El propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, señaló en el Parlament, un día antes de la intervención policial, que “hoy nada permite concluir” el origen de la peste porcina africana en Catalunya provenga de laboratorios o centros que manipulan este virus.
Existen cinco investigaciones en curso, suficientes para determinar la causa de la dolencia.
La cautela es intrínseca a este tipo de pesquisas, dada su complejidad. Todos comprenden esta realidad, lo cual no libera a los gobiernos, tanto el de la Generalitat como el de España, de su responsabilidad de ser transparentes y de proporcionar datos exactos para prevenir la propagación de teorías descabelladas, conspirativas o extrañas, tan comunes en las plataformas digitales. La transparencia, además, no debe ser un mero eslogan y es compatible con la rapidez. Actualmente, existen cinco investigaciones en curso para determinar la procedencia del brote de Cerdanyola. La primera de ellas es una auditoría solicitada por el conseller Òscar Ordeig, destinada a examinar y valorar los laboratorios y centros que manejan material genético de la peste porcina africana dentro de un radio de 20 kilómetros del área afectada, con un enfoque particular en el CReSA. En una segunda vía, la conselleria remitió muestras al Institut de Recerca Biomèdica para su secuenciación. La tercera línea de investigación está a cargo del Ministerio de Agricultura. La cuarta implicó la visita a las instalaciones de la zona por parte de técnicos del Equipo de Emergencia Veterinaria de la Unión Europea, especialistas en salud animal. Finalmente, la quinta línea es una indagación colaborativa entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. Por lo tanto, estamos presenciando un esfuerzo exhaustivo. Las tres autoridades competentes no pueden ser señaladas por inacción. No obstante, es precisamente esta amplia exhibición la que alimenta el derecho a la información de los ciudadanos y de un sector de considerable importancia económica para Cataluña y toda España. Cuanto más tiempo tarden las autoridades facultadas en determinar la fuente de la peste porcina africana, más graves serán las consecuencias para el sector. No se trata de falta de paciencia, sino de instar a las autoridades sanitarias a acelerar la investigación y prevenir que la confusión prolongue indebidamente la aclaración de los hechos y la ocultación de posibles fallos subyacentes en este brote, tras treinta años de ausencia en la Península. Todas las profesiones tienden a la autoprotección, incluyendo a los científicos, y para ello existen las entidades públicas, cuyo propósito es asegurar la primacía de la transparencia –o la claridad– y el interés general.
La rapidez y la claridad pueden coexistir, y la honestidad no debe usarse como excusa para la dilación.
A diferencia de otras transmisiones de virus patógenos entre animales, que son cada vez más comunes, como la propagación del SARS-CoV-2, detectado en Wuhan a finales de 2019, el brote actual no ha generado preocupación pública, ya que no presenta peligros inmediatos. Sin embargo, sí impacta negativamente en la industria porcina española en su totalidad, la cual genera ingresos anuales de 25.000 millones de euros, representando el 9,5% del PIB de la industria alimentaria. En cuanto al empleo, se estima que genera 415.000 puestos de trabajo. Centrándonos en Cataluña, el sector porcino exportó el año pasado por un valor de 3.042 millones de euros. La situación actual presenta una cuestión importante: ¿quién asumirá los costos, especialmente si se descubre que el brote se originó por negligencia? Estas y otras reflexiones no deben obstaculizar las investigaciones en curso, ni tampoco afectar su progreso. No se cuestionan las acciones de las autoridades en defensa del consumidor y la salud pública, sino que se enfatiza la importancia del tiempo y las pérdidas económicas asociadas.