El planteamiento de Trump hacia Venezuela

Nicolás Maduro figura actualmente como el antiguo mandatario de Venezuela, encontrándose detenido bajo la supervisión de Estados Unidos. No obstante, su deposición ejecutada por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se interpreta de mejor manera como el término de la etapa inicial que como el comienzo del desenlace definitivo.

Indudablemente, escasas personas en Venezuela, o en cualquier rincón del mundo, sentirán la salida de Maduro. Se trataba de un autócrata que manipuló unos comicios, oprimió a su población, devastó la estabilidad financiera de su nación pese a contar con vastos yacimientos de crudo y participó en el comercio de estupefacientes.

Sin embargo, eso no implica que esta maniobra bélica estuviera legitimada o fuera conveniente. Realmente, su legalidad resultaba dudosa. Su importancia estratégica era también incierta: Maduro no suponía un riesgo inminente para Estados Unidos. No cabe duda: fue una intervención militar de elección, no una necesidad.

Hay ciertos parecidos externos entre esta acción y la emprendida por el mandatario George H. W. Bush en 1989 con el fin de deponer al líder de Panamá, Manuel Noriega. No obstante, las bases jurídicas contra Noriega poseían mayor firmeza, puesto que no se limitaban al narcotráfico, sino que incluían el homicidio de un soldado estadounidense. Asimismo, había una inquietud válida respecto al peligro para otros efectivos estadounidenses destacados en Panamá y la protección del mismo canal de Panamá.

La determinación de arremeter contra Venezuela expone las intenciones del mandatario Donald Trump. El interés primordial, tal como indicó Trump en su comparecencia ante los medios después de la acción, consistía en que Estados Unidos obtuviera entrada a los yacimientos petrolíferos de Venezuela, que son los más extensos del planeta. Otros propósitos adicionales incluían erradicar la implicación de Venezuela en el comercio de estupefacientes, facilitar el retorno de los migrantes a sus tierras y aumentar el cerco sobre Cuba, nación que requiere del crudo de Venezuela a precios reducidos para mantener a flote su sistema económico, afectado por crisis y embargos.

No obstante, resultaría sumamente apresurado asegurar que la intervención ha triunfado. Una labor es apartar a un individuo del mando y otra muy diferente, sustancialmente más complicada y laboriosa, es derribar un sistema político para implantar uno más favorable y permanente. Por lo que toca a Venezuela, se emplea la regla de Pottery Barn del anterior secretario de Estado Colin Powell: al haberlo quebrado, ahora es nuestra obligación.

Trump ha manifestado que Estados Unidos “dirigirá Venezuela”. La información disponible es reducida y no se sabe con certeza si esto implicará el despliegue de tropas de ocupación. Algo queda patente, al menos actualmente: la Administración Trump se inclina por cooperar con los remanentes del sistema previo (parece haber alcanzado un pacto con el vicepresidente de Maduro, quien encabeza el Ejecutivo ahora) en vez de dar poder a la oposición. Esta decisión concuerda con una línea política guiada por la expectativa de conseguir réditos mercantiles, lejos del anhelo de impulsar la democracia o velar por los derechos humanos.

Es factible dejar de lado diversas dificultades eventuales, no obstante, la mayor de ellas —la quiebra de la estabilidad— requiere una admisión pública. Los sectores que apoyan al sistema se mantendrán movilizados, mientras que los opositores distan de estar cohesionados y probablemente se opongan a quedar marginados. Tales incertidumbres generarían dilemas políticos complejos para Estados Unidos respecto a su nivel de intervención para condicionar los sucesos en caso de que la situación se volviera caótica.

Esta maniobra resume el núcleo de la estrategia internacional de Trump. Resultó ser fundamentalmente unilateral. Mostró escaso interés por el marco jurídico o el consenso global. Priorizó el hemisferio occidental por encima de Europa, el Indo-Pacífico u Oriente Medio. La meta consistía en obtener ventajas económicas, específicamente la entrada a las reservas de petróleo, además de robustecer la seguridad nacional, evidenciando la inquietud ante las drogas y la inmigración. Se empleó el poderío bélico, aunque de manera restringida.

La principal desventaja de la intervención en Venezuela radicaría en el ejemplo que establece, al validar la facultad de las naciones poderosas para actuar en sus áreas de dominio frente a mandatarios que perciben como ilegales o peligrosos. Resulta sencillo visualizar al mandatario ruso, Vladímir Putin, quien exige la “desnazificación” de Ucrania y el cese del presidente Volodimir Zelenski, mostrando su aprobación. La acción bélica de Trump en Venezuela provoca que una resolución pactada del conflicto entre Rusia y Ucrania resulte todavía más distante de lo que se preveía anteriormente.

Es factible que ocurra una respuesta parecida en China, nación que ve a Taiwán como un territorio rebelde y a su administración como carente de legalidad. Lo anterior no implica que el presidente Xi Jinping decida intervenir de forma súbita para alcanzar sus metas sobre Taiwán; no obstante, los sucesos en Venezuela podrían incrementar su seguridad de que triunfaría si optara por invadir, bloquear o presionar de algún otro modo a la isla. 

El plan para destituir a Maduro manifiesta que la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de reciente publicación, ha de ser considerada con rigor, y que la Administración Trump ve al hemisferio occidental como un territorio donde imperan los objetivos estadounidenses. Rusia y China recibirán esto como una muestra de que Trump se alinea con su concepto de un planeta repartido en áreas de dominio, en el cual las autoridades de Moscú y Pekín gozan de superioridad en Europa y el Indo-Pacífico, respectivamente. Una estructura internacional que ha persistido por 80 años está próxima a ser relevada por tres sistemas regionales que seguramente serán de todo menos armónicos o independientes.

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