La oportunidad para mejorar el sistema de financiación de las autonomías.
Tribuna
La propuesta de cambio para el esquema de financiación regional exhibida por el ministerio de Hacienda representa un avance hacia el objetivo adecuado, ya que mejora la solvencia del régimen al proveerlo de mayores fondos y fomenta la justicia distributiva al mitigar las desigualdades entre los territorios.
El sistema de financiación autonómico (SFA) contará con 21.000 millones de euros adicionales para el año 2027, llegando a una cifra de 224.507 millones de euros. Se trata de fondos extra destinados a fortalecer las prestaciones públicas, ya que ámbitos como la salud, la enseñanza, la atención a la dependencia o el acceso a la vivienda representan facultades delegadas en las comunidades autónomas.
En consecuencia, ampliar la financiación del sistema no supone “darles más dinero a los gobiernos autonómicos”, sino responder a la exigencia social de perfeccionar la sanidad o la educación públicas. Y para tal fin se precisan una administración optimizada y mayores medios.
Esta situación se ha observado durante los pasados siete años, debido a que el repunte de los ingresos públicos y las remesas de capital hacia las CC.AA ampliaron sustancialmente sus presupuestos. A modo de ejemplo, en el año 2018 Andalucía recibió 18.084 millones de euros mediante los pagos a cuenta del modelo de financiación autonómico y para 2026 obtendrá 29.400: son 11.300 millones más, una subida del 63% nominal que, tras descontar la inflación, equivale a un notable progreso del 37% en términos reales.
El cambio planteado por Hacienda igualmente fomenta la igualdad al disminuir las disparidades en los fondos por ciudadano corregido que perciben las regiones autónomas. Existen un par de instrumentos de compensación con el fin de equiparar los medios con los que cuentan las CC.AA.
En primer lugar, el equilibrio horizontal, es decir, aquel que ocurre entre las distintas CCAA, dado que las tres de mayor riqueza —Madrid, Cataluña y Baleares— continuarán aportando cuantiosas sumas de dinero a las doce comunidades sobrantes, acortando de este modo la brecha en los recursos por ciudadano entre las mismas.
Con el fin de lograr una nación con mayor equidad, que asegure que los ciudadanos puedan gozar de idénticas facultades sin importar su lugar de residencia, lo más adecuado es progresar hacia una equiparación total.
La segunda modalidad es la nivelación vertical, puesto que son recursos que parten de la administración central hacia las CCAA para mitigar las desigualdades, meta a la que se asigna la mayor parte de los 21.000 millones de la contribución del Estado.
Todavía no se cuenta con las cifras finales, aunque una estimación preliminar sugiere que la diferencia entre la autonomía con mayor financiación y la que menos recibe se reduce de los 27 puntos porcentuales del sistema vigente a 16 con el esquema propuesto. Y soluciona casi por completo las carencias financieras crónicas que han afectado a ciertas CC.AA.
Representa un progreso, aunque resulta posible y necesario profundizar en la equiparación. Con el fin de lograr una nación más equitativa que asegure a los ciudadanos el ejercicio de idénticas facultades sin importar su lugar de residencia, lo ideal sería encaminarse a una convergencia total. Una etapa inicial para progresar hacia dicha meta de paridad consistiría en incorporar dentro del esquema reciente el compromiso de que ninguna comunidad autónoma se sitúe por debajo del promedio de recursos por habitante ajustado establecido mediante el uso de los parámetros del sistema planteado por Hacienda.
En términos específicos, ante la ausencia de estadísticas concluyentes, el promedio previsto por habitante ajustado se situaría cerca de 3.800 € durante 2027, el ejercicio de arranque del nuevo modelo. A partir de los datos existentes, es posible calcular que seis o siete comunidades autónomas quedarían por debajo de dicho valor, si bien todas ellas presentarían una proporción sumamente cercana al 100%.
Con el objetivo de subsanar las disparidades y progresar hacia una equiparación total, resultaría necesario incorporar una disposición de cierre al sistema que asegure a cada una de las comunidades autónomas que su volumen de financiación real para funciones comparables por ciudadano ponderado alcance los 3.800 euros, cifra que representa el promedio obtenido del esquema sugerido por Hacienda.
Se trata de una iniciativa totalmente viable desde el punto de vista económico ya que, según las cifras actuales, supondría un gasto cercano al 1% de los 224.500 millones de euros que manejará el sistema de financiación autonómica en 2027.