El dilema con Mercosur

El acuerdo comercial de la Unión Europea con los cuatro países del Mercosur es estratégico para la geopolítica europea y es bueno para la mayoría de los sectores industriales que puedan exportar sus productos a ese gran mercado latinoamericano de cerca de trescientos millones de habitantes. Puede ser muy negativo, en cambio, para determinadas producciones agrícolas y pesqueras europeas si no se respetan las medidas de salvaguardia adoptadas ante la eventual competencia desleal que puedan suponer las importaciones alimentarias de esos países. En lugar de rechazar frontalmente el acuerdo, lo más razonable, por tanto, es exigir a la UE y a las autoridades nacionales respectivas el estricto control y cumplimiento de las citadas medidas de salvaguarda.

Los países del Mercosur –Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay– quieren una rápida entrada en vigor del acuerdo comercial firmado hace dos semanas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta contaba con el respaldo del 65% de los estados miembros de la UE, entre ellos España, Alemania e Italia. Pero el Parlamento Europeo no ha revalidado el acuerdo. La mayoría de los europarlamentarios ha decidido llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre su legalidad por las dudas que existen sobre su compatibilidad con el derecho comunitario. Fue esta una decisión política apoyada por los Verdes, la Izquierda Europea y los grupos de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo y de los representantes franceses de todos los grupos.

Seguramente dicho tribunal no encontrará problemas jurídicos para la puesta en marcha del acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, ese proceso de revisión judicial puede prolongarse durante un año y medio. El dilema es qué hacer en esta situación. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta Von der Leyen son partidarios de que el pacto entre en vigor de forma provisional desde ahora mismo, ya que la mayoría de los países europeos tienen un claro interés en asegurar que sus ­beneficios se apliquen lo antes posible. Alemania y España lo respaldan por completo. Legalmente puede llevarse a cabo, al igual que se hizo con el acuerdo con Canadá. En cambio, Francia, que está radicalmente en contra del acuerdo con el Mercosur, ­considera que supondría una violación de la democracia.

El Gobierno español estima que, cada mes que se retrasa la ejecución del acuerdo con el Mercosur, la UE tiene unas pérdidas de más de cuatro mil millones de euros. Y es que se podrá aumentar las exportaciones europeas de coches, maquinaria, aceite y vinos, entre otros muchos productos, mientras se facilita la entrada de carne de vacuno, aves, azúcar, arroz y soja. Pero los beneficios del Mercosur para la UE van más allá de lo comercial, porque suponen además el acceso a la diversificación de materias primas o de tierras raras que son cada vez más importantes. Todos los sectores industriales españoles, así como los alemanes, defienden que dicho acuerdo entre en vigor cuanto antes.

Nadie puede evitar que la situación de impás en que se encuentra el pacto europeo con Mercosur suscite un clima muy perjudicial de inseguridad jurídica e incertidumbre para el conjunto de los sectores agrarios, industriales y de servicios afectados. En principio, sin embargo, la entrada en vigor del acuerdo comercial parece la opción más razonable, ya que es el resultado de veinticinco años de negociaciones en los que todos los sectores, especialmente los agrarios, ganaderos y pesqueros, han sido consultados y han podido incorporar las medidas de protección que han creído más convenientes.

Aun así, resulta comprensible que parte de los agricultores, ganaderos y pesca­dores europeos, incluidos los españoles, desconfíen de que se puedan llevar a la práctica con rigor y prontitud las medidas de salvaguardia establecidas frente a las importaciones del Mercosur. Pero eso no implica necesariamente tener que oponerse al acuerdo, sino incrementar la exigencia de garantías. Ello debe complementarse con la garantía de ayudas al mantenimiento de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas, que son la base del mundo rural europeo y español. En este sentido, es cierto que no ayuda en nada el recorte de un 20% de las subvenciones que proyecta la nueva Política Agraria Común (PAC).

La entrada en vigor del acuerdo de la UE con el Mercosur en cualquier caso debe garantizar, como también defiende la CEOE, que ambos bloques comerciales cumplan las mismas condiciones y que, por tanto, todos los productos que entren a Europa, especialmente los agrícolas y ganaderos, cumplan las mismas exigencias que rigen para los productos europeos. Ese es el camino.