
Aragón, imitando la trayectoria de Extremadura.
Resta únicamente una quincena para que los aragoneses ejerzan su derecho al voto en unas elecciones autonómicas adelantadas al 8 de febrero. Dichos comicios se proyectaban originalmente para el 2027, no obstante, el PP justificó el adelanto como una medida para finalizar el bloqueo institucional que ha imposibilitado la aprobación de las cuentas anuales. Aunque en el comienzo del periodo legislativo, arrancado en la primavera del 2023, la sintonía entre el PP y Vox dentro de la administración fue cordial, la formación de extrema derecha rompió la alianza en el 2024, motivada por el pacto entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales para repartir a los inmigrantes menores no acompañados entre las distintas comunidades.
A partir de ese instante, tales vínculos se han deteriorado progresivamente, imposibilitando el consenso sobre las cuentas, lo que motivó al presidente Jorge Azcón (PP) a considerar finalizado el periodo legislativo y llamar a las urnas nuevamente. Su pretensión era salir fortalecido de la votación y alcanzar un reparto de poder distinto que le facultara para gestionar su región conforme a sus planes y sin estar supeditado a Vox.
Durante los últimos tiempos, tanto en diversas regiones como en el ámbito estatal, se ha observado que tales progresos no siempre logran los objetivos buscados por sus impulsores. Frecuentemente, generan consecuencias opuestas. Considerando los sondeos difundidos hace poco acerca de las futuras elecciones aragonesas, es muy probable que nos encontremos ante otra situación similar.
Las encuestas señalan que después de las votaciones del día 8 la subordinación del PP ante Vox podría incrementarse.
Debido a que tales sondeos indican que el PP lograría obtener uno o dos representantes adicionales (posee 28 en la actualidad), mientras que Vox prácticamente duplicaría su representación, pasando de los 7 vigentes a 13. Por su parte, el PSOE descendería de 23 a 19, experimentando otra caída; Aragón Existe bajaría de 3 a 2; la Chunta conservaría sus 3; Izquierda Unida preservaría el suyo, y Podemos se quedaría sin él. De este modo, respecto a las dos formaciones citadas inicialmente, el PP afianzaría levemente su estatus, aunque estaría aún más supeditado a un Vox fortalecido.
Todo esto sugiere que Aragón transitaría por la misma ruta que Extremadura el pasado 21 de diciembre, momento en que se efectuaron votaciones anticipadas y el PP sumó un representante, llegando a 29, mientras Vox ascendía de 6 a 11 (mientras el PSOE perdía 8). Dicho de otro modo, si se cumplen las previsiones electorales, el PP aragonés caminaría hacia una vinculación más estrecha con Vox. También, tal vez, hacia la persistencia de contextos de bloqueo institucional. En este instante, en Extremadura, PP y Vox no logran consensuar el reparto de responsabilidades ni las líneas programáticas. El dirigente de Vox ha reiterado que si sus demandas no son atendidas, contempla pedir al PP el relevo de su candidata, María Guardiola, triunfadora en las urnas, o afrontar una probable repetición de los comicios. En Aragón, una eventual dependencia de Vox colocaría al PP en una tesitura muy similar a la de Extremadura, a menos que un pacto con agrupaciones regionalistas le permitiese eludir a los extremistas.
Si los regionalistas contaran con el respaldo necesario, los populares tal vez lograrían desvincularse de los ultras.
En naciones de Europa como Francia o Alemania, las formaciones principales del espectro conservador solían establecer un cordón sanitario frente a la extrema derecha, estableciendo límites políticos nítidos y descartando coaliciones. En España, sin embargo, el PP aparenta haber abandonado el temor a pactar con Vox. Al contrario que otras agrupaciones conservadoras del continente, el PP cuenta con trayectoria previa de gestión compartida con Vox, tanto a nivel de ayuntamientos como de comunidades autónomas, si bien ha sido convulsa, tal como se evidenció en 2024, cuando el acuerdo para la distribución de menores migrantes citado anteriormente provocó la ruptura de los ejecutivos conjuntos en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura.
La causa de estos y otros distanciamientos acostumbra a ser idéntica. Vox intenta forzar sus prioridades sobre los populares en temas como la inmigración o la igualdad, además de oponerse al Pacto Verde, mientras que los populares muestran una resistencia irregular. De manera subyacente persiste el aviso de Vox de generar escenarios de parálisis, donde al final los afectados resultan ser los ciudadanos, expuestos a una dirección más agitada y variable, carente de estabilidad. Este hecho no beneficia el historial de ninguna formación, abarcando al PP y Vox, y es un aspecto que el electorado debe tener presente. Los comicios tendrían que funcionar para designar grupos aptos para mandar para la totalidad de la población y no a aquellos que priorizan el dictado de sus exigencias sobre otros factores, incluso dañando de este modo la gestión que aspiran a encabezar y determinar.