Salen a la luz los archivos del

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden para desclasificar los documentos relativos al fallido golpe de Estado del 23 de febrero del 1981, fecha que quedó fijada en la historia de España como el 23-F. Y, pasadas las 12 h, empezaron a publicarse en la web de la Moncloa estas “153 unidades documentales”, hasta ahora custodiadas por los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. Todo ello coincidió, precisamente ayer, con la muerte a los 93 años del golpista Antonio Tejero, que dirigió el asalto al Congreso ese 23-F.

Lo primero que debe decirse respecto a la desclasificación es que resulta pertinente. El plazo transcurrido desde el golpe –casi medio siglo– es más que suficiente, y los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles de aquella intentona, incluida la mitad de la actual población española que aun no había nacido entonces. Algunos se quejarán, y no les faltará la razón, de que esta desclasificación se ha demorado demasiado. Pero bien está lo que bien acaba, y el hecho de que al fin se haya pro­ducido es lo realmente relevante.

A lo largo de la jornada de ayer, y de modo paulatino, dado el notable volumen de documentos revelados, se fue conociendo su contenido. Al escribir estas líneas, tras haber sido revisados ya la mayoría de los papeles, podríamos destacar los relativos a la planificación del golpe, los intentos tras su fracaso de involucrar al rey en la trama, la implicación de algunos agentes del Cesid –el servicio de información anterior al actual Centro Nacional de Inteligencia–, la existencia de otras intentonas en estado embrionario o las actividades de grupos de militares involucionistas tras el 23-F, convencidos de que “fue un error dejar libre al Borbón”. Pero también es cierto que dichas revelaciones, según se había conjeturado ya, no contienen elementos que modifiquen sustancialmente la historia del golpe ya conocida.

Dicho esto, el interés de esta desclasificación trasciende sus propios límites y nos aboca al debate sobre la conveniencia o no de que el Estado conserve ocultas a la mirada de los ciudadanos informaciones de relieve. Es comprensible que el Estado quiera mantener la máxima discreción respecto a determinadas operaciones, a veces para garantizar su propia seguridad, en particular mientras se están desarrollando o poco después. Pero no es conveniente que se pretenda mantenerlas en la sombra indefinidamente, y mucho menos cuando han comportado la extralimitación de algunas autoridades en el desempeño de sus funciones.

La mejor manera de garantizar una gestión transparente de este tipo de documentos es, de entrada, disponiendo de una legislación adecuada. En la sesión de control celebrada ayer en el Congreso, que el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo planteó como un nuevo ataque frontal al Gobierno y a su presidente, no exento de aventurados vaticinios, la portavoz de EH Bildu se centró en el asunto de la desclasificación, a la que dio su aprobación, pero añadiendo que no bastaba.

Pedro Sánchez le respondió entonces recordando que su Ejecutivo ha impulsado una ley de información clasificada, ahora en fase de tramitación parlamentaria, con la voluntad de fijar los plazos y procedimientos adecuados para este tipo de revisiones documentales.

Dicha ley, en caso de ser aprobada por el Congreso, permitiría, por una parte, derogar la ley sobre secretos oficiales, promulgada en el 1968, bajo el franquismo; por otra, contribuiría a que España se situara entre las democracias con mayor transparencia en la gestión de la cosa pública; y, por último, pero no por ello menos importante, contribuiría a reducir la distancia entre gobernantes y gobernados, a menudo preocupante.

El golpe del 23-F se produjo en un momento histórico determinado, orquestado por un grupo de militares y civiles incapaces de asumir que el franquismo había llegado a su término con la muerte del general Franco, y que la democracia había venido para quedarse, por más que el terrorismo perpetrase atentados a un ritmo insufrible, con víctimas a menudo uniformadas. La situación es hoy distinta, aun a pesar de los avances de una ultraderecha en la que no faltan los nostálgicos de la dictadura.

Pero la necesidad de conocimiento es siempre la misma, porque en la oscuridad la democracia languidece, mientras que, por el contrario, la transparencia permite a la ciudadanía estar bien informada, defender la verdad, descartar los bulos y obrar con el mejor criterio posible.