Hemos sido multados por una supuesta infracción, consistente en dejar una caja fuera del contenedor de papel. La única prueba que sustenta dicha sanción es que en la caja figuraba una etiqueta con nuestros datos como destinatarios. Es decir, la Administración asume –sin pruebas, sin imágenes, sin testigos– que fuimos nosotros quienes la dejamos en la vía pública, ignorando completamente que cualquier persona podría haberla sacado del contenedor y haberla depositado allí. En su momento, interpusimos el correspondiente recurso, apelando al sentido común. La respuesta del Ayuntamiento ha sido rotunda: “No ha lugar”, y se nos obliga a pagar la sanción. Totalmente injusto.
Jordi Larrosa
Barcelona
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