Hace tres meses, PP, Vox y Junts tumbaron la propuesta del Gobierno de crear una oficina independiente anticorrupción, con autonomía para investigar sin injerencias cualquier caso de corrupción que afectara a instituciones públicas, partidos, sindicatos o empresas que reciban dinero público. En un país donde la corrupción es una enfermedad crónica, cuesta entender por qué precisamente estos partidos de derechas decidieron bloquear la ley. ¿Qué temen exactamente estos partidos que vociferan “¡Corrupción!” Mientras boicotean cualquier mecanismo de control? ¿Por qué se oponen a una vigilancia que solo debería incomodar a quienes tienen algo que ocultar?
Este rechazo es la prueba de que la derecha, a menudo corrupta en sus prácticas y cómplice por omisión en sus políticas, prefiere la opacidad a rendir cuentas.
Miguel Fernández-Palacios
Madrid