La acusación política más grave de los últimos días no está en el ámbito de las corrupciones, por grandes que hayan sido. La acusación política más grave la acaba de hacer (miércoles, 12 de diciembre, palacio de la Moncloa) el señor presidente del gobierno español: con seguridad sobresaliente y posteriores honores de portada en este mismo diario, denunció la connivencia de los jueces y el Partido Popular. Según sus palabras, miembros del Poder Judicial sirven al partido conservador información privilegiada sobre los casos que perjudican al PSOE, las acciones emprendidas o su calendario. De ahí que el señor Feijóo y sus portavoces hablen con tanta frecuencia del calvario judicial que espera al gobierno de la nación.
Subrayo la gravedad del testimonio presidencial por dos razones. Primera: supongamos que sea cierto. Si lo es, el Estado de derecho queda gravemente herido: una Justicia dedicada a deteriorar el poder político no es Justicia. Es un instrumento partidista cuyas instrucciones y sentencias no merecen confianza y son dignas de desacato. Y, si el testimonio es falso, es el jefe del Ejecutivo quien, carente de escrúpulo y sobrado de egoísmo, echa toda la basura política disponible sobre el tejido institucional. Cualquiera de las dos versiones hace un daño difícilmente reparable a la credibilidad y honorabilidad del sistema.
Y en esas estamos: ante un sistema de prestigio dañado por la manipulación partidista y unas instituciones deterioradas por la polarización, que afecta a todos los ámbitos sociales, especialmente los relacionados con la formación de opinión pública. Y es difícil salvar algo: Puigdemont, gran beneficiado por la política del gobierno Sánchez, cree que el presidente “no es de fiar”; los demás socios de la coalición piensan lo mismo de Feijóo; el propio Sánchez se considera víctima de una “persecución política, mediática y judicial”, y la conclusión está firmada por analistas de dimensión supranacional en línea con lo que escribimos casi todas las semanas: el peligro actual de Europa –y por tanto de España– es la pérdida de confianza del ciudadano en la democracia. Como se puede comprobar a diario, no se hace nada para recuperarla, mientras los extremismos avanzan en expectativas de poder.
El rey Felipe VI lanzó una idea en su viaje de Estado a Italia: “no repetir el pasado ni siquiera como caricatura”. Oportunísimo mensaje por el momento en que fue dicho, al mismo tiempo que Pedro Sánchez anunció lo que parece tener la intención de ser parte sustancial de su programa de gobierno para 2025: un centenar de actos para celebrar el medio siglo de la muerte de Franco. Como apuntó Alsina en su programa de Onda Cero, no se menciona la menor intención de recordar la llegada de Juan Carlos I, que abrió la puerta de las libertades. Yo no discuto que haya que celebrar la muerte de un dictador. Cuestiono algo que falta en la memoria democrática. Y añado esa circunstancia al diagnóstico general de la situación del país. Ahí está la diferencia entre el olvidado propósito de integrar y la permanente estrategia utilitaria de confrontar.
Sánchez, en el Congreso
RETALES
París. Jornada de los reyes el día de la solemnidad de Notre Dame: escribir el Mensaje de Navidad, reunión de tres horas sobre la tragedia de la DANA, preparar la visita a València y el viaje de Estado a Italia, firma personal de tres mil felicitaciones navideñas… Ignoro si eso justifica una ausencia. Pero la explica.
Pensada. Pedro Sánchez lamenta con razón el escaso eco de la proclamación de España por The Economist como “la mejor economía avanzada”. A lo mejor es que los ministros se aplican más a vapulear al PP que a difundir su propia política. Podían dedicarle una pensada. Y el PP, a la inversa, también.
Efecto. Dicen que Puigdemont se estaba diluyendo. Necesitaba un golpe de efecto para recuperar protagonismo. Se le ocurrió la cuestión de confianza de Sánchez. Y le funcionó, felicidades. En la política española se triunfa con la provocación.
Dilema. Segundo paso de Junts y el PNV, el impuesto a las energéticas. Sea cual sea el desenlace, al cronista le deja dos dudas: cuánto nos costarán sus votos y, al unirse dos partidos de derechas, ¿Además de independentistas son independientes, u obedecen a alguna gran empresa?
Pruebas. Sorprende el argumentario socialista ante las acusaciones de corrupción: “No hay pruebas”, dicen desde los palacios a las cabañas. Podían ser algo más originales, porque esa suele ser la defensa del delincuente común.
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