Los Comuns y la CUP se han puesto de acuerdo para impulsar una comisión de estudio específica sobre el derecho a la vivienda y un debate monográfico en el Parlament, dos iniciativas con las que quieren elevar la presión al Govern en materia de vivienda justo en un momento en que este asunto está centrando las negociaciones de presupuestos entre el Ejecutivo catalán y el grupo parlamentario ecosocialista.
En una reuda de prensa desde la Cámara catalana, la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, y la de la CUP, Laure Vega, han justificado las dos iniciativas ante la necesidad de hacer un debate “serio, firme y sereno sobre la mayor emergencia social que sufre Catalunya”, en referencia a la vivienda. Pero para sacarlas adelante, sendos grupos necesitarán del apoyo del resto de formaciones de izquierdas, el PSC y Esquerra Republicana.
Para poder crear la comisión de estudio específica, esta debe ser aprobada por el pleno del Parlament por mayoría simple, así que los 10 diputados que suman Comuns y la CUP deberán contar con los 42 del partido socialista y los 20 de ERC. En este caso, fuentes de los grupos impulsores de la idea consideran que, aunque no tienen garantizado de antemano estos apoyos, a los socialistas y los republicanos “les resultaría muy difícil” votar en contra y, en todo caso, “pueden condicionar el plan de trabajo de la comisión y las comparecencias”.
Ambos grupos reclaman un debate “serio, firme y sereno sobre la mayor emergencia social que sufre Catalunya”
La idea de los promotores de la idea es crear una comisión que trabaje durante un año, que se centre en las “medidas urgentes que garanticen la ley de contención de rentas” y que cuente con la participación no solo de los grupos parlamentarios sino también de “expertos, técnicos y organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, no de quienes la consideran un negocio”.
Comuns y la CUP tienen garantizada la celebración del pleno monográfico que plantean de acuerdo al reglamento, pero igualmente dependerán del resto de partidos para fijar su celebración en el calendario, en la correspondiente reunión de la junta de portavoces.
Las iniciativas parlamentarias de ambas formaciones pretenden, por un lado, evidenciar la distancia de ambas formaciones respecto al camino que está tomando el Govern en materia de vivienda, enfocada principalmente en la construcción, y también, respecto a Junts, cuyas propuestas pasan por la aprobación de una nueva ley catalana de vivienda. “Ya tenemos leyes suficientes, tenemos que hacerlas cumplir”, resumen los comunes al respecto.
“El Govern apuesta por la construcción de vivienda pública, pero no es suficiente”
La formación de Albiach, inmersa en la negociación de presupuestos con el Govern, trata de arrancar estos días al Ejecutivo de Salvador Illa un régimen sancionador contra el fraude en el precio del alquiler de la vivienda habitual, pero considera que hay otros muchos asuntos en este ámbito que probablemente quedarán fuera del posible acuerdo presupuestario y sobre lo que se puede actuar, como la reducción de dos a un año para la consideración de una vivienda vacía o medidas relacionadas con la vivienda y el turismo.
“El Govern apuesta por la construcción de vivienda pública, pero no es suficiente”, ha señalado la diputada Segovia, para quien las medidas propuestas por su grupo para la negociación presupuestaria “son la prueba del algodón”, mientras que otras medidas también necesarias requerirán más tiempo.
“Hay cuestiones que podrían ir ya en la ley de medidas, como modificación de impuesto de transmisiones patrimoniales para que se suba al 20%” a los grandes tenedores, y el régimen sancionador, que los de Albiach exigen que se convalide en el Parlament con un decreto este mismo mes. Pero “hay cosas que ponemos sobre la mesa y no pueden esperar un acuerdo de presupuestos que parece que irá más lento de lo que pensábamos”, ha señalado Segovia.
