El Gobierno sufrió ayer una de las derrotas más duras de la legislatura al no poder convalidar dos de los tres decretos que se sometían a votación en el Congreso. El varapalo más significativo, con una repercusión negativa para más de la mitad de la población española, fue propiciado por el PP, Vox y Junts que rechazaron la norma conocida como ómnibus, que contenía medidas económicas y sociales como la revalorización de las pensiones con el IPC, la prórroga de las bonificaciones del transporte público, ayudas a afectados por la dana o la prohibición de desahucios de familias vulnerables.
Con Pedro Sánchez en Davos, Junts –y también el PP, que no concretó si votaría en contra o se abstendría– mantuvo el suspense sobre su posicionamiento hasta el mediodía. Su portavoz, Míriam Nogueras, subió a la tribuna para comunicar su no a las tres leyes en liza y calificó el decreto ómnibus de “chantaje” del PSOE al presentar una norma con “80 medidas que no han sido negociadas”. Más tarde, en los pasillos, Nogueras afirmó que “la subida de las pensiones está 100% garantizada si el Gobierno presenta un decreto con esta medida y deja de seguir enredando a la gente”, un argumento que también esgrimió el PP, que registró su propia iniciativa por separado.
La diputada de Junts, después de su intervención en el Congreso de los Diputados (Dani Duch)
El triple no de Junts se decidió la semana pasada en Bruselas y no hubo avances desde entonces
El rechazo de Junts se acordó la semana pasada en Bruselas, donde se decidió por unanimidad que ante los incumplimientos del PSOE y las largas a la cuestión de confianza había que adoptar una posición dura. Así se transmitió a los negociadores socialistas, pero no hubo avances. La reunión en Suiza que reclamó Puigdemont no se ha celebrado y los contactos no fraguaron.
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El Gobierno, por su parte, enfrío la posibilidad de volver a aprobar las medidas que ayer decayeron en un nuevo decreto o en varios. Varios ministros descartaron la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario ante una situación inédita en la legislatura. Nada más finalizar el pleno, el Ejecutivo pasó al ataque frontal contra el PP, culpándole de las consecuencias para más de 32 millones de personas, entre pensionistas y usuarios de transporte público. “Que lo expliquen”, fueron las primeras palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al salir del hemiciclo. La Moncloa acusó directamente a las filas de Alberto Núñez Feijóo, que ayer exhibían como un triunfo que el Gobierno solo logre aprobar aquello que el PP cree positivo –como el decreto que reforma la jubilación activa– de “dar la espalda a los pensionistas y tumbar las ayudas por la dana”.
El PP denuncia el “paquete trampa” y plantea reformular los decretos y convalidarlos de uno en uno
La no convalidación del decreto ómnibus implica que hoy ya no esté en vigor la revalorización de las pensiones con el IPC, es decir, al 2,8%, ni la subida del 9% de las no contributivas. Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aclararon que el cobro de enero con el alza está “asegurado”.
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Tampoco está ya en vigor el salario mínimo (SMI) del 2024, que tendría que haberse prorrogado hasta aprobarse la subida del 2025. Trabajo indicó que tomará todas las medidas para evitar un impacto negativo en sus perceptores y recordó que, en todo caso, el alza será retroactiva.
El Gobierno acusa a Feijóo de “dar la espalda a los pensionistas y tumbar las ayudas a la dana”
Con Junts la crítica del Gobierno fue menos contundente. Fuentes del Ejecutivo apuntaron que las medidas que afectan al transporte público “estaban negociadas y requetenegociadas” con los socios de investidura, de Junts a Podemos, y destacaron que en la decisión de los de Puigdemont han pesado “otros intereses”. Hoy decaen los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y media distancia. También llega a su fin el descuento en los abonos de transporte público urbano y metropolitano, aunque en algunos territorios, como en Madrid, se mantendrán de momento. En el área metropolitana de Barcelona no continuarán.
Con la caída del decreto ómnibus también quedan paralizadas las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, por valor de 9.675 millones. La más perjudicada es Catalunya, con 1.910 millones pendientes.
Trabajo indica que tomará todas las medidas para solventar la caída del salario mínimo
El PP se defendió de las críticas del Gobierno argumentando que no tiene la culpa de que el Ejecutivo no tenga mayoría para sacar adelante sus leyes e instándole a asumirlo y a convocar elecciones. El diputado Juan Bravo reclamó la aprobación de nuevos decretos para someterlos a convalidación uno a uno, y no en un “paquete trampa”. Para paliar las consecuencias de que la norma no continúe en vigor, los populares registraron una proposición de ley que garantiza la subida de las pensiones y también avanzaron el registro de iniciativas para garantizar las ayudas a la dana y para aquellas personas que reciben el ingreso mínimo vital. También decayó el gravamen a las energéticas, que concitó el rechazo de PP, Vox, Junts y PNV.
