La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha negado este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que existiera un pacto con la Fiscalía General del Estado para perjudicar la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha advertido que unas 500 personas tuvieron acceso directo a la denuncia de Fiscalía y al expediente tributario de Alberto González Amador a partir del día 5 de marzo del año pasado, y que al menos 60 personas tuvieron acceso al contenido del correo que su abogado envió el 2 de febrero al fiscal que le investigaba ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.
En su declaración como investigada por un presunto delito de revelación de secretos, la fiscal ha explicado que a ella le reclamaron una dación de cuentas el 7 de marzo, sobre este asunto. Ella no cuestionó la instrucción, sino simplemente la cumplió. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Rodríguez ha indicado que si había urgencia no lo cuestionó. No se le dan explicaciones, se le dan instrucciones, ha alegado.
La fiscal sostiene que solo examinó si lo que se decía en la nota de prensa era correcto
La primera dación de cuentas fue el 7 de marzo, después de que un periodista llamase a la Fiscalía General reclamando información sobre una denuncia a la empresa Maxwell, de Alberto González, por fraude fiscal. Después, según Rodríguez, no tiene más información hasta el día 13 por la noche, cuando por lo visto desde algún medio de comunicación se está difundiendo información falsa, tergiversando la realidad, sobre lo que había pasado.
Rodríguez se refiere a la existencia de unos correos electrónicos entre el fiscal que investigaba el fraude, Julián Salto, y el abogado de González Amador. Se difundió inicialmente que había sido el fiscal quien había ofrecido un pacto de conformidad y que se había truncado por órdenes de la Fiscalía General.
Según ha explicado la fiscal jefe de Madrid, esa noche del día 13 le pidieron los correos con urgencia para conocer qué había pasado y poder dar las explicaciones reales, porque lo que sí sabían es que desde Fiscalía General no se había dado una instrucción al respecto. Rodríguez ha asegurado ignorar lo que hizo García Ortiz después.
Rodríguez critica el informe de la UCO
Según su relato, esa noche, después enviar los correos electrónicos a Fiscalía General, le informaron de que se iba a hacer una nota de prensa para el día siguiente para explicar lo que había pasado. Rodríguez ha indicado que no promovió la redacción de la nota, ni incitó ni participó ni la difundió. Ha sostenido que ella iba cumpliendo las instrucciones que le daba el fiscal general del Estado. Simplemente le dijo, según su testimonio, que examinara si lo que se decía era correcto. Lo que hizo ella, ha insistido, fue examinar si el iter procesal que se menciona en la nota era lo que respondía a la realidad de lo ocurrido.
El juez ha insistido en la responsabilidad de la investigada sobre el contenido de la nota de prensa, ante lo que la fiscal jefe ha defendido que no considera que los datos aparecidos fueran confidenciales.
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Rodríguez ha aprovechado para criticar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se infiere que ella hace esa gestión con la Fiscalía General porque estaba postulándose para otro puesto. La investigada ha considerado humillante tal afirmación porque un mes antes le habían renovado para el puesto y esperaba quedarse en el mismo sitio cinco años.
Por otro lado, Rodríguez ha desmentido la versión de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y ha negado que le contara sus supuestas sospechas de que desde Fiscalía General se hubiesen filtrado los correos a la prensa y que le hubiera mostrado discrepancias con la nota de prensa.
