El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está reviviendo la pesadilla en la que se vio sumido entre noviembre del 2018, cuando caducó su mandato, y julio del 2024, cuando PP y PSOE pactaron al fin la renovación de los 20 vocales, que designan las Cortes. Fueron cinco años y medio de desencuentro político que sometieron al órgano de gobierno de los jueces a una crisis sin precedentes desde su creación en 1980. Por cerca que estuviera el pacto, siempre acababa saltando por los aires, y al final la solución fue un equilibrio de los sectores conservador y progresista que ahora reedita el bloqueo político, pero en el seno del CGPJ. Así se ha visto en los últimos meses en la incapacidad que ha mostrado el Consejo, de nuevo los dos bloques, para alcanzar una propuesta de consenso sobre el sistema de renovación interna más adecuado a los estándares europeos.
Primer intento. En noviembre del 2018, PSOE y PP acordaron una renovación del Consejo con mayoría progresista y con Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, al frente del alto tribunal y el CGPJ. La renovación llegaba en tiempo y forma, pero se fue al traste por la filtración de un watsap de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en el que tranquilizaba a sus compañeros asegurándoles que con Marchena seguirían controlando “por la puerta de atrás” la Sala Penal, encargada de juzgar los casos de corrupción política.
Por cerca que estuviera el acuerdo para renovar el Consejo, siempre acababa saltando por los aires
Vetos. En octubre del 2020, el Gobierno impulsó dos iniciativas para llevar al PP a negociar: prohibir a un CGPJ caducado hacer nombramientos en las altas instancias –lo que llevó a una acumulación de vacantes en la cúpula judicial– y rebajar las mayorías para renovar los vocales, medida que retiró, por las críticas de Bruselas y para reanudar las conversaciones, que de nuevo se bloquearon por el veto del PP a los jueces progresistas Victoria Rosell y Ricardo Prada.
Indultos. Superado ese bache, en mayo del 2021 la negociación volvía a estar en marcha, cuando el Gobierno anunció el indulto a los líderes del 1-O. El PP se levantó de la mesa y situó una nueva línea roja: la renovación del CGPJ debía ir de la mano de una reforma para que los jueces tuviesen más peso en la elección de los vocales.
Dimisión. En octubre del 2022, ante la falta de avances, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, dimitió, tras haberlo anunciado en varias ocasiones en los casi cuatro años que llevaba en funciones, para forzar a PP y PSOE a volver a la negociación. A Lesmes le sucedió Rafael Mozo, hasta su jubilación, y luego Vicente Guilarte. Tres presidentes en un mandato.
La vía europea. En el 2024, PP y PSOE buscaron la mediación de la CE. El comisario de Justicia, Didier Reynders, se reunió 3 veces –sin éxito– entre enero y marzo con el ministro Bolaños y el eurodiputado del PP Esteban González Pons. El 25 de junio llegó por fin el acuerdo, bajo tutela de la vicepresidenta Vera Jourová
