La unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue rastreando cada movimiento, mensaje y llamada que realizó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los días anteriores y posteriores a que se publicara información sobre una causa de delito fiscal que salpicaba a la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un último informe, al que ha tenido acceso La Vanguardia, los agentes analizan el tráfico de llamadas que realizó a mediados de marzo de 2014. Los agentes destacan la llamada de un periodista de la cadena Ser a García en la noche del 13 de marzo, minutos después de que el diario El Mundo, publicara el contenido un correo entre el abogado del empresario Alberto González Amador y el fiscal que le estaba investigando, Julián Salto.
La UCO pone el foco en esta llamada porque el periodista que llamó al fiscal general, una hora más tarde publicó el contenido de otro correo electrónico para desmentir la primera información que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Este segundo periodista, con nueva información, lo matizo y sostuvo que fue el abogado quien lo propuso para evitar que la pareja de Isabel Díaz Ayuso fuera a juicio.
Este informe ha sido entregado al juez que investiga al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos antes la sospecha de que fue él quien filtró esos correos a la prensa. No obstante, en uno de sus últimas resoluciones reconoce que de los dos correos, el que fue publicado en El Mundo provino del entorno del propio González Amador.
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Los agentes también hacen hincapié en el hecho de que García Ortiz borró todos los mensajes, llamadas y correos el 16 de octubre, después de conocer que se había abierto una causa penal contra él. En otro informe, realizado por el departamento de Cibercrimen de la Guardia Civil, se recoge el doble borrado al que sometió lo que tenía en el teléfono, además de borrar su cuenta gmail que impide recuperar lo guardado. Además, cambió de terminal con lo que antes de esas fecha no se puede rescatar nada del contenido.
Según recoge el informe, “no se han encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre en la aplicación Whatsapp del dispositivo”. Y explica que “esa falta de mensajes se debe fundamentalmente al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre”.
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La UCO sigue en la senda contra el FGE
La UCO también pone el foco en las llamadas que se intercambiaron García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, también imputado, entre el 11 y el 12 de marzo.
Cabe recordar que Villafañe fue quien requirió a la Fiscalía de Madrid toda la documentación referida a las pesquisas contra Alberto González Amador, el 8 de marzo. La UCO concluyó que, como la FGE ya tenía ese material en esa fecha, la filtración de la noticia de que se investigaba al empresario por delitos fiscales -que se publicó a las 6:00 horas del 12 de marzo en eldiario.es-, tuvo que partir de la FGE.
No obstante, la UCO no tiene en cuenta la declaración de estos dos periodistas como testigos ante Hurtado, y quienes negaron que la filtración proviniese de García Ortiz. El periodista de eldiario.es aseguró que él ya tenía el expediente de la Agencia tributaria, las denuncia de la Fiscalía y uno de los correos electrónicos el día 6 de marzo, antes de que el fiscal general tuviera conocimiento de la existencia de unas diligencias relacionadas con la pareja de Díaz Ayuso.
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Varios testimonios han certificado que en la Fiscalía general tienen conocimiento de estas diligencias y denuncias a la empresa de González Amador, Maxwell, y a él mismo después de que un periodista de eldiario.es llamase a Fiscalía general para confirmar que se había interpuesto tal denuncia.
Por otro lado, el juez ha citado a declarar como testigo al decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, para el próximo 21 de febrero. Éste tuvo una reunión en fiscalía general después de la filtración de las comunicaciones y la nota de prensa difundida relatando la cronología de las conversaciones entre el fiscal el abogado. El colegio de abogados es uno de los querellantes contra García Ortiz.