Mientras María Jesús Montero sigue fuera de combate y sin agenda pública por una inesperada gripe, Yolanda Díaz se ve en una posición de fuerza y con cartas ganadoras ante la polémica desatada en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar por la tributación del incremento del salario mínimo interprofesional.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo pisó ayer el acelerador para defender la posición de Sumar y, desde París, emplazó a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda a mover ficha. “Estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda y de que nos comuniquen su decisión”, demandó. “Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo, y ahora quedaremos a la espera de que el ministerio competente aclare de una vez por todas cuál es la posición sobre esta materia”, insistió Díaz, redoblando la presión sobre Montero. Dio así a entender, además, que la decisión de Hacienda no sería definitiva o que podría negociarse y reconducirse.
Díaz puso énfasis, no obstante, en que se equivocan quienes especulan con una crisis. “El Gobierno goza de muy buena salud. Es verdad que tenemos muchas veces posiciones diferentes, pero le quiero dar una mala noticia a la derecha: hay Gobierno de coalición, que va a seguir ganando derechos y mejorando la vida de la gente, para rato”, afirmó.
“Es verdad que entre ambos espacios políticos, entre Sumar y el PSOE, estamos hablando permanentemente, pero toca que el Partido Socialista, y en este caso el Ministerio de Hacienda, tome la decisión que es su competencia”, reclamó. “Yo nunca he invadido ninguna competencia”, volvió a advertir la titular de Trabajo.
Toda la presión se cierne así sobre Montero, que además de ministra de Hacienda es vicesecretaria general del PSOE y ahora líder de los socialistas de Andalucía –otro aspecto a tener muy en cuenta en este pulso político–, por su determinación para que, por vez primera, perceptores del salario mínimo tengan que pagar IRPF.
La posición de Sumar es respaldada por todo el bloque de la investidura y los sindicatos. El líder de la UGT, Pepe Álvarez, remitió una carta a Montero para solicitarle una reunión urgente en la que abordar la controversia, con el argumento de que no se debe penalizar a las rentas más bajas.
También el PP trata de obtener réditos políticos ante la posición de Montero. Alberto Núñez Feijóo denunció ayer la “política populista” del Gobierno para “incrementar la presión fiscal” sobre los trabajadores. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cargó contra la postura de su próxima rival en las elecciones andaluzas previstas para el año que viene. “No es coherente. Lo que se da por un lado, se quita con impuestos”, criticó. Y advirtió que uno de cada cinco perceptores del salario mínimo son, precisamente, andaluces.
Mientras Pedro Sánchez busca la fórmula para intentar superar el desencuentro, los ministros y dirigentes del PSOE tratan de defender a Montero y capear el temporal. Así lo hizo ayer el ministro de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, en Antena 3. “Hay una ley que establece los tramos del IRPF y el Gobierno no tiene la voluntad de cambiar esa ley”, zanjó.
La ministra de Trabajo emplaza a la titular de Hacienda a que “aclare de una vez por todas” su decisión
Y alegó que apenas dos de cada diez receptores del salario mínimo se verán afectados por pagar IRPF, aunque en todo caso cobrarán más que ahora. “Ocho de cada diez no van a tributar”, recalcó. Aunque López también coincidió con Díaz en que la coalición no está en riesgo: “Este Gobierno está unido y va a seguir estando unido y gobernando”, zanjó.
La secretaria económica del PSOE, Emma López, rechazó que el debate abone “un discurso anti-impuestos” y aseguró que los perceptores del salario mínimo tendrán que tributar. Pero admitió: “No sé si ahora o en el futuro”.