Sostiene un destacado grupo del Congreso que los jueces prevarican en España. Las “acciones judiciales abusivas” les parecen suficientes como para reducir a la nada la acusación popular, hoy convertida en un mecanismo de abuso y acoso a creadores, políticos y activistas. Razonan así los diputados socialistas su propuesta, que se discutirá posiblemente el próximo marzo, en una ley separada de un proyecto paralelo del Gobierno, según el cual los jueces dejarán de investigar y lo seguirán haciendo los fiscales en exclusiva.
Este sentimiento de urgencia venía siendo obra de la Administración pública que acumula centenares de decretos leyes aprobados por las Cortes, sobre todo a raíz de la covid. Son ahora las filas del grupo socialista las que no han querido esperar al Ministerio de Justicia, y toman la iniciativa de hacer frente al lawfare español a uña de caballo. Del lawfare se reclama también la comisión que el otro día visitó el islamista esposado de Ripoll, pero, pese a la rotunda escena de un compinche de un múltiple asesinato visto entre señorías, no es lo mismo un comité parlamentario que toda una ley orgánica. Una reforma legislativa importa todavía más que el sensacionalismo en política.
Vista general del hemiciclo del Congreso en una imagen de archivo
La acusación popular no puede ser borrada sin reformar la Constitución
La víctima anunciada de la proposición socialista, la participación popular en la administración de justicia, la retomó el PSOE en 1978 aunque llevaba siendo un derecho constitucional desde el Cádiz de 1812. Por fuerza, no puede ser borrada sin reformar la Constitución actual, pero quedará de hecho tan apartada de la instrucción, que la acción ciudadana pasa al limbo procesal, para el caso de que los fiscales del Estado “no quieran, no puedan, o no sepan” acusar en delitos de trascendencia política y social. Lo declaraba con llaneza otro texto constitucional, en lo que ha venido a ser una singular tipificación española, expresión de la lógica desconfianza hacia el poderoso que debe guardar la gente de un país, y cuánta no más ante un fiscal general dependiente del gobierno como es el nuestro.
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“Muévete rápido, rompe cosas”, demandaba Facebook a sus tecnólogos, quitándoles un miedo natural al fallo que desacredita a su autor. El quitamiedos de Zuckerberg veía clara la ventaja competitiva de la disrupción, de una inventiva a corto y ajena a los costes, y algo de ese espíritu de apuesta por el riesgo e indiferencia al daño se ha instalado en nuestro más pequeño mercado político. De modo que, al año de aprobarse la amnistía a Puigdemont y demás seguidores, vamos a experimentar en pocas semanas esta alegre sacudida al hemiciclo que deja otro agujero institucional más.
Cuanto menos, se pueden evitar los efectos de rebote en lo firmado por el grupo socialista. La iniciativa presenta once drásticas intervenciones de impacto constitucional, y termina con una sola disposición que paralizará los ya tristemente famosos procesos a familiares del gobernante. Sin prisas por aprobarla, los letrados de la Cámara y juristas llamados por los grupos a consultas estarían en condiciones de asegurar la coherencia de una norma que presentan desprovista de los informes del Consejo de Estado y del Poder Judicial, por no haber querido ser un proyecto de ley. De lo contrario, a los mentados abusos judiciales se responderá con el abuso de una ley que va a quedar, por desgracia, en la memoria colectiva bajo nombre bien distinto, el de una persona particular. Se está a tiempo.