El Partido Popular remitió este martes una carta a la Comisión Europea para solicitar que estudie la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por “desviación del Estado de derecho en España”.
Esta misiva, firmada por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y dirigida al comisario de Justicia, Michael McGrath, se envía una semana después de que la UCO acreditase que García Ortiz borró todos sus mensajes de Whatsapp y su cuenta de correo electrónico el pasado 16 de octubre, es decir, el mismo día en el que fue imputado como presunto autor de la filtración de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El PP acusa al fiscal general de vulnerar la independencia judicial y socavar la confianza en el sistema
En este sentido, el PP considera “evidente” que la continuidad del fiscal general pese a su imputación “podría vulnerar el principio de independencia judicial” y, además, “compromete directamente la percepción de independencia del Ministerio Fiscal y mina la confianza de la sociedad en el sistema”.
Y denuncia una “desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos” que podría ser “constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones”. “Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho”, señala Montserrat.
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“Mantener en su cargo a un fiscal general con una actitud completamente contraria a los principios de actuación del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de Derecho en Europa”, añade la portavoz del PP, que desliza también que García Ortiz pudo cometer presuntos delitos de encubrimiento o destrucción de pruebas con el borrado de su móvil, además de demostrar “un comportamiento de obstrucción a la Justicia”. Todo ello, a apenas unas horas de que comparezca en el Senado.
Sin embargo, lo que el PP ve “aún más grave no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces”.
Montserrat volvió a pedir “la intervención” de la Comisión Europea, “que es competente para pedir explicaciones a los Estados que se desvían del Estado de Derecho”, porque “los ataques a los jueces desde el Gobierno dañan la democracia y contribuyen a debilitar el Estado de Derecho en la UE”. “La Comisión debe emplear los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unión, pues está en juego nuestra credibilidad”.
El PP denuncia la cercanía del Tribunal Constitucional al Gobierno y lleva su queja al TEDH
Y aprovechó también para advertir de sus “serias dudas” actuaciones del Tribunal Constitucional y, “en especial”, de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, “muy cercano al Gobierno”. “Como prueba, desde su cargo, el Ejecutivo no ha perdido ninguna de las causas más ideológicas revisadas por la Corte, aunque para ello haya sido necesario excluir de forma expedita a un magistrado”, añade en alusión a la amnistía. La semana pasada, el PP presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por esta cuestión.