El magistrado instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado este miércoles la prórroga por seis meses de la investigación judicial de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, plazo que se computará a partir del próximo 24 de marzo.
En un auto, el magistrado que investiga un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, señala que, de acuerdo a la doctrina de la Sala, el primer plazo para concluir la investigación en las presentes diligencias previas, que se incoaron por auto de 30 de octubre de 2024, se extendería hasta el 29 de octubre de 2025, sin necesidad de prórroga alguna.
Pero añade que es comprensible la cautela de las distintas partes, que se remiten a la fecha de incoación de las diligencias previas en el juzgado de instrucción nº 28 de Madrid, el 1 de abril de 2024, o la fecha de registro en este Tribunal Supremo de la querella formulada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el 24 de marzo de 2024, pese a que en ese momento no se la dio curso, e interesan que sea tomada esta fecha, como el del inicio del cómputo de la investigación,
El juez recuerda que el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese año la investigación, lo que entiende que sucede en la causa.
“En efecto, en el caso, no obstante hacerse constar que, durante la práctica de la diligencia de entrada y registro realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho del investigado, Álvaro García Ortiz, se contó con su total colaboración, las diligencias practicadas han puesto de relieve que ha sido inexistente en orden al esclarecimiento de los hechos, por cuanto que, al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad, que, incluso, hace necesario, por ahora, en el momento en que se encuentra el avance de la causa, tener que estar a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda, cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025, y que, incluso, a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más”, indica el auto.
En paralelo, la Sala Segunda del Alto Tribunal ha desestimado en otro auto los recursos de apelación interpuestos por el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid contra el auto del instructor de la causa del 11 de noviembre en el que acordó alzar el secreto de los autos de entrada y registro en los despachos de los dos investigados. Las partes justificaban que el alzamiento parcial del secreto de las actuaciones lesionaba su derecho de defensa.
Entonces, el magistrado liberó del secreto a los dos autos del pasado 30 de octubre por los que ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) la práctica de una entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado, situada en la madrileña calle de Fortuny, y en el de la máxima responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, que tiene su sede en la calle Santiago de Compostela.
Esos autos se referían a los correos electrónicos que recibieron y enviaron el fiscal general y su subordinada entre los días 8 y 14 de marzo de 2014. En este periodo de tiempo fue cuando la fiscal superior de la provincia de Madrid pidió al fiscal de delitos económicos Julián Salto que le diera cuenta de la causa por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que afecta a González Amador y que estaba en trámite de concluir con un acuerdo por el que el empresario admitiría los delitos a cambio de evitar la prisión.