El Gobierno ha defendido este miércoles el pacto para delegar las competencias migratorias a la Generalitat sellado ayer entre PSOE y Junts porque es “constitucional” y “positivo” a la vez que ha negado que implique “políticas de derechas” y se ha mostrado confiado en sumar al acuerdo a Podemos porque el texto pactado es ”equilibrado“.
Esto último lo ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones a los periodistas en el MWC el Barcelona, en respuesta a la negativa de Podemos a apoyar este acuerdo, que consideran que ”normaliza y legitima el racismo institucional“.
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Cuerpo ha comentado que el Gobierno está ”tranquilo“, porque considera que el texto ”responde a las posibles preocupaciones que tengan desde Podemos“. ”Pensamos que podrá ser un texto que se podrá acordar también en el Congreso“, ha añadido el ministro, que ha pedido hacer una ”valoración sosegada del contenido“ del acuerdo.
Preguntado por si consideraba de derechas este acuerdo, lo ha negado ”rotundamente“, después de que el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, argumentara hoy que la exposición de motivos de la proposición de ley recoge marcos propios de “la extrema derecha”. Cuerpo ha asegurado que el Gobierno busca ”aprovechar precisamente regular ese efecto positivo que tiene la inmigración para España“.
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”Somos muy conscientes de la necesidad de atraer inmigrantes para que contribuyan al crecimiento y a la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas“, ha comentado el ministro, que ha defendido también la integración de los inmigrantes que llegan a España y la necesidad de ”minimizar los flujos de inmigración irregular“.
Su compañero de Consejo de Ministros, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha referido al acuerdo como ”constitucional“ y ”positivo“ frente a las críticas en este sentido que llegan del PP, formación que analiza el texto de cara a presentar un recurso al Tribunal Constitucional.
Por su parte, la ministra de Integración, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha manifestado su confianza en que el Congreso aprobará la proposición de ley y ha asegurado que si otras comunidades autónomas piden la delegación de competencias en inmigración el Ejecutivo lo ”analizará“.
Sobre la posibilidad de que el conocimiento del catalán pueda ser un requisito para los inmigrantes en Catalunya, como se ha manifestado desde Junts, la ministra ha afirmado que la norma aplicable a la política migratoria en España es la ley de Extranjería. Saiz ha señalado a este respecto que a la delegación de competencias en inmigración “se le aplica en materia lingüística la normativa vigente y también en todo lo que tiene que ver con el estatuto de la persona extranjera”, la Ley de Extranjería y, en materia laboral, el Estatuto de los Trabajadores, ha sostenido desde Murcia.