El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado no está dispuesto a ceder en las pretensiones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para frenar la investigación contra él por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El instructor ha rechazado la pretensión de García de anular la comisión rogatoria enviada para que Whatsapp remita todos los mensajes enviados por el número 1 de la Fiscalía para averiguar si él filtró una serie de documentos sobre la causa abierta contra el empresario Alberto González Amador por fraude fiscal.
En su última resolución, Hurtado explica que esta comisión es necesaria desde el momento que el fiscal general del Estado “habría podido hacer desaparecer” los dispositivos móviles para evitar que sean encontrados y analizado su contenido.
Por esa misma razón, el juez explica que se ha visto obligado a requerir a las compañías tecnológicas para recuperar la información para su posterior análisis por parte de la Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según la tesis del juez, si García Ortiz no hubiese borrado los mensajes relativos a los días que se investiga la posible filtración y además no se hubiese desecho de los aparatos telefónicos para asegurarse que los agentes no iban a encontrar nada, las comisiones no hubiesen sido necesarias.
Hurtado sospecha que el fiscal general filtró o dio la orden de filtrar a algún periodista unos correos electrónicos internos entre el fiscal que había denunciado a González Amador por fraude fiscal y el abogado de éste donde se reconocía la comisión del fraude y ofrecía al representante del ministerio público un pacto de conformidad para evitar el juicio a cambio de la devolución de lo defraudado y el pago de una multa.
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En esta nueva resolución, el magistrado insiste que la única razón por la que se ha visto en la necesidad de librar las respectivas comisiones rogatorias, “solo se debe a la falta de colaboración del investigado, y lo que no se puede pretender es que, ante ello, se obvie la práctica de unas diligencias que vienen a suplirla”.
Concretamente, Hurtado había ordenado remitir una comisión rogatoria a los proveedores de servicios Whatsapp LLC y Google para que aporten todos los datos que tengan respecto del usuario Álvaro García Ortiz.
El instructor acordó esta diligencia después de recibir el informe de UCO que concluyó que García Ortiz no guardaba en su teléfono ninguna conversación de mensajería instantánea ni correos electrónicos relacionados con González Amador. Desde Fiscalía se trasladó que la razón es que el fiscal general aplicó un protocolo de protección de datos por lo que borra de manera sistemática el contenido de su teléfono.
