La Fiscalía Anticorrupción investiga la “hucha” de donaciones que ha ido acumulando Vox en los últimos años y que podría suponer un presunto delito de financiación ilegal por su opacidad ante el Tribunal de Cuentas.
Según ha adelantado El Independiente y ha podido confirmar La Vanguardia de fuentes fiscales, esta investigación se ha iniciado a raiz de una denuncia que el PSOE interpuso en diciembre ante la Fiscalía General del Estado.
Tras el visado del servicio técnico del ministerio público, se remitió la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción al ser la competente para investigar conductas irregulares de partidos políticos.
Diligencias secretas
Tras una primera revisión, el fiscal jefe Alejandro Luzón ha aceptado iniciar una investigar y practicar una serie de diligencias, por ahora secretas. Tras la práctica de estas pruebas, el fiscal encargado del caso decidirá si quedan archivadas por falta de indicios de delito o si, por el contrario, se presenta una querella contra el partido y sus principales responsables.
El objeto de la investigación es conocer si la formación de Santiago Abascal ha utilizado métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal.
En su denuncia, los socialistas apuntan a que por lo menos desde el año 2020 hasta la actualidad, Vox incorpora de forma irregular una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de “huchas” o “cajas de caudales”, junto con toda una serie de oferta de elementos de merchandising “con el objetivo de captar fondos en metálico, para, suponemos, sufragar los gastos de funcionamiento del partido”, que podría suponer un delito de financiación ilegal.
Donaciones anónimas
Una práctica “absolutamente irregular”, a juicio del PSOE, que podría haber recaudado 5 millones de euros, que se suman a la ausencia de contabilidad en la que deberían de registrarse “las donaciones anónimas y las ventas promocionales”.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió que Vox hacía un registro contable de los movimientos de caja con asientos con importes agrupados lo que dificulta la identificación de la procedencia individual, naturaleza y seguimiento de cada tipo de ingreso y, en consecuencia, la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable a este tipo de ingresos.
Para el PSOE, “existe una forma de proceder dirigida, organizada y consciente en contra de la ley de financiación de partidos políticos por parte de Vox, y que, al margen de las posibles responsabilidades administrativas, y que pudieran dar lugar a sanciones económicas como propone el Tribunal de Cuentas, entendemos que, al menos indiciariamente, ante la gravedad de los hechos podrían ser constitutivos de conductas reprochables penalmente, y que deben ser objeto de diligencias que corroboren o descarten dichos indicios”.
La Fiscalía tiene que analizar ahora el origen de las donaciones, sin son anónimas cómo se ingresan, si se están creando con ellas bolsas de caja para financiación no contabilizada y si pudiesen venir de personas jurídicas expresamente prohibidas por la ley y si se hubiesen podido superar los límites legales establecidos.
Datos de la denuncia interpuesta por el PSOE
La denuncia contabiliza 2,8 millones de euros en donaciones anónimas, además de 1,8 millones de euros de ingresos en ventas promocionales “que pudieran ficticias o absolutamente irregulares y ser donaciones ilegales encubiertas, igualmente anónimas e igualmente, por ello delictivas”. De ahí que los socialistas contabilicen un total de 4,6 millones de euros “que pudieran haberse obtenido por Vox para una supuesta financiación ilegal”.
Préstamo vinculado a Orbán
En la denuncia también incluyen el préstamo de 6 millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt; un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro y vinculado al primer ministro, Viktor Orban. Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.
Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negasen a prestarles dinero porque “no quieren financiarles”.
En la denuncia se explica que este préstamo adquiere especial gravedad pues, tal y como se ha hecho eco la prensa nacional, tras el Estado húngaro, uno de los mayores accionistas de MBH Bank Nyrt es el magnate Lörinc Mészáros, amigo de la infancia del presidente Orbán, “que en el pasado habría financiado según información periodísticas también la campaña de la líder de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, a El Elíseo”.
Según el PSOE, “dichas circunstancias podrían ocultar flujos de financiación irregular entre los partidos europeos calificados como de ultraderecha, que se engloban en el grupo del parlamento europeo como Patriotas por Europa, en torno al partido político húngaro”.