El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad un informe al anteproyecto del Gobierno sobre la carrera judicial y fiscal. Los vocales ven ciertas disfunciones en la ley que impulsa el Ejecutivo para establecer un nuevo sistema de acceso a la carrera.
La impresión general de fuentes de ministeriales sobre el informe es que es favorable aunque se recojan críticas al anteproyecto ya que, a su juicio, no hay un ataque frontal a las ideas nucleares del texto ni ninguna tacha de inconstitucionalidad.
La idea del Gobierno con este anteproyecto es hacer una reforma profunda de la ley del Poder Judicial para transformar la justicia y democratizar el acceso a la carrera judicial. El objetivo de este texto es ampliar el perfil social de aquellos que opositan para ser juez.
No obstante, en su informe , el Poder Judicial sostiene que ciertas innovaciones de calado propuestas pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas.
El órgano ve con cierto recelo que se permita el acceso a la carrera judicial de los hasta ahora jueces suplentes y niegan la afirmación del informe de que exista un exceso de temporalidad en los juzgados y tribunales.
El documento, que se vota hoy, no ve tacha de inconstitucionalidad en la propuesta del Gobierno
También observan “disfunciones” en el planteamiento del texto legal de ampliar el número de entradas a la carrera judicial por el cuarto turno, es decir, las plazas abiertas para licenciados en Derecho sin haber opositado y se critica que se ascienda de juez a magistrado solo por antigüedad y no por plazas vacantes.
El objetivo del departamento que dirige el ministro Félix Bolaños es aprobar una ley para “democratizar” el acceso a la carrera judicial. Sin embargo, el Consejo alerta de los problemas que puede generar alguno de los cambios.
En el texto legal se elimina cualquier mención a la formación teórica que hasta ahora también forma parte de la formación de los futuros jueces y juezas en la escuela judicial. “Sin minimizar la importancia que la formación práctica tiene y debe tener para una adecuada formación de jueces y juezas, no se puede desdeñar la necesidad de una formación teórica que fortalezca los conocimientos jurídicos y que pueda extenderse a otros ámbitos del conocimiento”, apunta.
El informe también considera que el anteproyecto puede atacar los principios de igualdad y no discriminación, mérito y capacidad por computar a aquellos que accedan a la categoría de magistrado sin formar parte de la carrera judicial tras cinco años de servicios prestados como juez, extremo que no se concede al resto de miembros de la carrera judicial.
El texto del Ministerio de Justicia también pretende poner coto a las prácticas de jueces, fiscales y magistrados que actúan de preparadores de opositores sin control real del Poder Judicial y a quienes se le exigirá una licencia de compatibilidad para la actividad de preparación de acceso a la función pública.
Los vocales del Consejo avalan la figura de los jueces que ayudan a preparar oposiciones
En su informe, el órgano de los jueces advierten que forma parte del ejercicio profesional del juez y que constituye una manifestación más de su competencia profesional. “Tal actividad –puntualiza– ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la carrera judicial”.
El informe concluye que “en muchas de las ocasiones, tal
preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas”.
