El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, defendió ayer en la reunión del llamado G-5+ –con la presencia de sus homólogos de las cinco principales potencias de Europa: Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia– la utilización de los activos rusos congelados en bancos europeos tras la invasión de Ucrania para ayudar en la reconstrucción del territorio en guerra. Según el ministro de Asuntos Exteriores, esos fondos, que ascenderían a 210.000 millones de euros, serían una especie de “modo de pago anticipado” –por las futuras reparaciones que Rusia debería de pagar a Ucrania– con el que poder seguir garantizando la ayuda económica a Kyiv. La posible medida, que crea discrepancias entre los socios comunitarios, ya ha sido tildada por el Kremlin como lo equivalente a un “robo”.
Los activos rusos congelados pertenecen al Banco Central de Rusia, que los tenía en el extranjero, en su mayoría como bonos del Estado a corto plazo, antes de la invasión en febrero del 2022. Cuatro días después de estallar el conflicto bélico, todos los que permanecían en la Unión Europea fueron bloqueados. La mayor parte, unos 183.000 millones de euros, se encuentra en Euroclear, la cámara de compensación y liquidación con sede en Bélgica, que durante este tiempo ha tenido como principal pesadilla los ciberataques rusos que pretenden hacerse con los fondos. Y hasta ahora, los países de la UE se han limitado a embargar los intereses generados por esos activos congelados —unos 4.000 millones de euros anuales— para financiar la ayuda militar al ejercito ucraniano.
Ayer, el Gobierno español verbalizó su intención de dar un paso más pasando de la congelación a la confiscación del total de 210.000 millones de euros, pese a que socios como Alemania, Francia y Bélgica han mostrado sus reticencias. La reconstrucción de Ucrania, según una reciente evaluación de las Naciones Unidas, precisará 524.000 millones de euros.
El Gobierno, según fuentes ministeriales, es consciente de que la medida puede crear grandes fisuras entre los países europeos. Sin embargo, Albares consideró ayer que es el momento oportuno para abrir un debate “totalmente legítimo” en la cuarta reunión celebrada por el G-5+, que tuvo lugar en el madrileño palacio de Viana, residencia oficial del ministro de Exteriores.
Del encuentro de este grupo de contacto, creado el pasado mes de noviembre para seguir apoyando a Ucrania una vez se confirmó la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, salió un comunicado conjunto en el que quedó reflejada la reiteración en el “férreo” compromiso con la OTAN “como cimiento de la seguridad euroatlántica”, así como un mayor apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania.
Así, los seis grandes países europeos dejaron plasmado que reforzarán a Ucrania con un nuevo destacado apoyo militar “a corto plazo”. Además, se conjuraron para “ejercer más presión” sobre Rusia, utilizando “todos los instrumentos disponibles, incluida la adopción de nuevas sanciones”. En este mismo sentido, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que también estuvo en la reunión, emplazó a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia para que se comprometa al alto el fuego en Ucrania, que ya ha sido avalado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Quien también asistió a la cita fue el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, quien previamente se reunió con la ministra Margarita Robles. Sin atender a los medios de comunicación, lo único que trascendió del encuentro en la sede del Ministerio de Defensa fue, a través de una nota de prensa, que ambos ministros se mostraron de acuerdo en impulsar las nuevas tecnologías para desarrollar capacidades en materia militar, además de abogar por “no recargar” a la industria de defensa europea con regulaciones excesivas.
El Gobierno perdió ayer otra oportunidad para desvelar cuándo tiene previsto alcanzar el 2% del producto interior bruto (PIB) en defensa –más allá de que lo hará antes del 2029, como se comprometió–. El ministro de Exteriores británico, David Lammy, aseguró que su país alcanzará el 2,5% en el 2027 y el 3% en la próxima legislatura. Desde Francia, su titular de Exteriores, Jean-Noël Barrot, subrayó que, si Europa quiere la paz y la seguridad, debe “disuadir la amenaza con la fuerza, con la fuerza militar”.
