La comisión de investigación del Congreso por la llamada operación Catalunya, en la que hoy comparecerán la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria y el ex presidente de la Generalitat Artur Mas , lleva más de un año en funcionamiento.
Tras seis meses de comparecencias no tiene visos de llegar a ninguna conclusión próximamente. De hecho, fuentes parlamentarias creen que podría alargarse lo que queda de legislatura.
Las razones son múltiples. Por un lado, Junts –impulsor de la comisión tras el acuerdo de investidura con el PSOE– sigue ampliando las peticiones de comparecencia y de nueva documentación, apoyado por otras formaciones. Y los socialistas, que inicialmente aceptaron la comisión como moneda de cambio a la investidura de Pedro Sánchez saben que es una buena herramienta para atizar al Partido Popular.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas,
La comisión es en la práctica otro campo de batalla de la política del momento. Los populares utilizan sus turnos de preguntas para acusar a los socialistas en casos de corrupción, mientras que Podemos la emplea para preguntar sobre investigaciones ilegales a la formación de Pablo Iglesias.
No obstante, algunas fuentes parlamentarias sostienen que, pese al barullo, en la comisión está quedando negro sobre blanco que sí existió una orden política para investigar a dirigentes catalanes.
Los representantes de Junts quisieron incluir al inicio de estas sesiones en las listas de comparecientes a jueces y fiscales para tratar de demostrar el famoso lawfare –la guerra sucia judicial– pero el PSOE y el Gobierno cerraron a cal y canto esa vía.
Lo cierto es que por lo que respecta a la justicia la comisión no está teniendo ninguna influencia ni para bien ni para mal. Las causas abiertas, por ejemplo contra la familia Pujol o por el caso 3% siguen su curso al margen de lo que ocurre en el Congreso, donde algunos diputados se afanan más por colar un pregunta que encaje en la brevedad de las redes sociales o en los segundos que le dedica la televisión que por llegar al fondo del asunto.
Fuentes de la comisión explican que para este curso no va a dar tiempo a finalizar las comparecencias que están ya acordadas. Una vez que acaben las que ahora están programadas se empezarán con las relacionadas con la utilización del software espía Pegasus después de que se haya decidido incluir en esta comisión la investigación sobre este asunto. Y cuando terminen se podrán solicitar nuevas comparecencias.
Formalmente el objetivo de la comisión es averiguar si durante el gobierno presidido por Mariano Rajoy, y concretamente desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández-Díaz, se orquestaron operaciones parapoliciales contra dirigentes independentistas a partir de 2012.
Fuentes parlamentarias creen que la inclusión del espionaje con Pegasus alargará la comisión
Por la comisión han desfilado los principales miembros de aquel gobierno, entre ellos el propio Rajoy, la entonces secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, Fernández Díaz; su lugarteniente en el ministerio, Francisco Martínez, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, o la ex presidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho.
Todos ellos, sin excepción, han negado que existiera una orden política de investigar y perjudicar a políticos o empresarios catalanes y presionarles para que frenaran al independentismo.
Según sus testimonios, todo es una invención. ¿De quién? Hay un nombre propio para todos ellos, el excomisario José Manuel Villarejo, quien ha reconocido que la operación Catalunya se diseñó en las entrañas del gobierno de Rajoy. Incluso ha asegurado haber hablado de ello con el entonces presidente. Rajoy niega la mayor.
Fuentes parlamentarias explican que el problema de lo dicho por Villarejo es que ha perdido toda credibilidad porque él es “su propio enemigo”, por contar verdades, mentiras, medio verdades y medio mentiras, lo que hace imposible discernir cuándo dice algo cierto y cuando miente.
Villarejo les ha servido a alguno de sus interlocutores para incluso negar las grabaciones existentes con el comisario y que han salido a la luz pública.
El último ejemplo ha sido María Dolores de Cospedal, que en la comisión se limitó a decir que no se reconoce unos audios en los que sale ella hablando con Villarejo y que dejaba entrever la existencia de operaciones contra dirigentes catalanes.
Para la investigación han desfilado ya Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz, Montoro y Sánchez Camacho
Otro comisario jubilado, Marcelino Martín Blas, reconoció que existió un operativo policial en Catalunya, aunque él quiso desentenderse señalando a Villarejo y a la cúpula policial dirigida entonces por Eugenio Pino.
No obstante, fuentes jurídicas advierten que este mando policial está procesado por otra operación parapolicial, la llamada operación Kitchen, por lo que algunas de sus afirmaciones deben ser tomadas con suma prudencia.
No obstante esta versión de los hechos relatada por Martín Blas ha servido para que las formaciones más interesadas en esta comisión reclamen nueva documentación y más comparecencias.
Hoy será el turno de Soraya Sáenz de Santamaría y de Artur Mas.
El silencio de la vicepresidenta
Puede ser interesante escuchar hoy a la ex vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaria en la comisión. Aunque posiblemente opte por una discreta posición defensiva, lo cierto es que nunca o casi nunca ha abordado públicamente su versión de qué ocurrió en aquellos años. En el 2019, La Vanguardia publicó unos audios de José Manuel Villarejo en los que éste afirmaba que Cospedal y Sáenz de Santamaría estaban enfrentandas por su postura respecto de Catalunya. En una conversación, el expolicía aseguraba que la entonces vicepresidenta del gobierno, a la que apoda en diversas ocasiones como la ‘pequeña’, culpaba a su compañera ene el ejecutivo de haber empeorado las cosas en Catalunya al haber montado esa operación parapolicial. Sáenz de Santamaría fue quien mantuvo una interlocución en 2017 con Oriol Junqueras, para intentar frenar el procés. Tras la moción de censura a Rajoy dejó la política.
