Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no plantaron ayer en bloque, como en un principio temía el Ministerio de Juventud e Infancia, al Gobierno en la Conferencia Sectorial para debatir la distribución entre territorios de menores inmigrantes no acompañados. Un simple desplante —más allá de la escenificación de la oposición a la política migratoria de Pedro Sánchez— hubiese supuesto que el plan sigue rodando, tal y como establece el decreto. Sin embargo, las regiones conservadoras, que llegaron a la cita tachándola de “ilegal”, se enredaron durante más de cuatro horas con cuestiones burocráticas para tratar de bloquear el reparto. Al término de la convocatoria, la ministra Sira Rego, que compareció con un tono muy duro, avisó de que los impedimentos defendidos por los populares no alteran “en absoluto” los plazos del Gobierno, que mantienen la intención de proceder con los primeros traslados durante el próximo verano.
Llegaron a Madrid con ganas de dar la batalla. Y la dieron. Tanto fue así que al finalizar la reunión la consejera de Canarias, Candelaria Delgado, salió con la sensación de que la Conferencia Sectorial para lo único que había servido era para dar “un paso atrás”. Instantes antes del inicio de la cita, la titular de Juventud e Infancia ya intuía la disposición con la que llegaban las comunidades gobernadas por los populares —Aragón y Madrid, incluso se han negado a facilitar los datos reclamados por el Gobierno de menores acogidos en sus territorios—. En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra reprochó al PP todas las trabas que han venido poniendo al avance del reparto de niños y adolescentes migrantes que mantienen colapsado el sistema de acogida de Canarias y Ceuta. Ambos territorios —en las islas cogobierna el PP junto a Coalición Canaria y en la ciudad autónoma están al frente los conservadores— avalan la redistribución que permite la reforma legislativa del artículo 35 de la ley de Extranjería, que fue convalidada el pasado mes en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. “Estamos hablando de niños y niñas; ninguno se va a quedar atrás”, avisó Rego.
El Gobierno pretende avanzar con su plan para comenzar la distribución en verano
El equipo del Ministerio de Infancia y Juventud llegaba a la cumbre entre comunidades sin las cifras exactas de los menores que deberían acoger cada una de ellas una vez que se formalice el reparto. El decreto convalidado establece una serie de pasos hasta llegar al punto del inicio de la distribución, y el punto actual del complejo recorrido pasaba ayer por escuchar a los consejeros del ramo en el seno de la Conferencia Sectorial, a la que la reforma legislativa le da potestad para cambiar los criterios para el reparto —y su ponderación—, siempre y cuando exista unanimidad. Un extremo que, por todos las partes involucradas, se daba por descartado. Para ello era esencial que las comunidades hiciesen sus propuestas concretas para luego proceder a la votación. “Cero. Cero propuestas por parte del Partido Popular, que ha centrado la Conferencia Sectorial en el bloqueo. No ha habido aportaciones de ningún tipo, pese a que era un espacio de diálogo”, resumió Rego.
Las consejeras populares, a excepción de Ceuta, trasladaron a la ministra cara a cara lo que han venido aireando en las semanas previas a la convocatoria. Que el proceso que el Gobierno está llevando a cabo es “ilegal”, “arbitrario” y “forzoso”. Que el reparto “solo” contenta “a un prófugo de la justicia”, en referencia al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Según la consejera madrileña, Ana Dávila, el líder de Junts “ha cocinado” los criterios para el reparto. Las comunidades del PP defendieron también los recursos que varias de ellas han presentado —o han anunciado que pretenden hacerlo— ante el Tribunal Constitucional porque, supuestamente, el decreto invade competencias atribuidas a las regiones.
Los consejeros del PP señalaron a la ministra que el reparto es “ilegal”, “arbitrario” y “forzoso”
Dávila, que atendió a los medios escoltada por el resto de consejeras del PP, criticó que Rego prohibió votar el decreto, pese a que la Conferencia Sectorial no tiene potestad alguna para ratificar la reforma ya convalidada en el Congreso de los Diputados. El discurso de Dávila, que abandera el frente común, contrastó con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que mostró “la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad” de Catalunya para cumplir con los criterios que se fijaron en el decreto para proceder con el reparto, pese a ser la comunidad autónoma que acoge a más menores migrantes sin amparo familiar tras Canarias. Para Martínez, la Conferencia Sectorial sirvió para evidenciar que existen dos modelos para gestionar la crisis migratoria: el de los gobiernos “solidarios”, conscientes de la situación de emergencia humanitaria que vive Canarias, que se esfuerzan “para tender la mano”; y el de otros gobiernos “hacen ruido y poner palos en las ruedas” en un reparto, que calificó de “ágil y justo”.
El Gobierno estudia celebrar una nueva Conferencia Sectorial próximamente después de que el PP criticase que se había convocado de forma extraordinaria y no de manera ordinaria, como entienden que se debería haber hecho. Una tesis que no comparte el equipo de Rego, desde donde trasladan que los servicios jurídicos del Ministerio avalan el procedimiento.
El siguiente paso que dará Infancia, este mismo martes, es el de requerir de nuevo a todas las comunidades las cifras de menores que tienen a su cargo para, de una vez, poder establecer la capacidad ordinaria de cada territorio tras cruzar dicho número con la población. Ese dato determinará el número de menores que cada comunidad debería tener a su cargo. Será determinante para el reparto posterior y para poder acceder a la financiación que pondrá a disposición el Gobierno para aquellas regiones que tengan en su sistema más menores inmigrantes de los que le corresponden.
