Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reunidos este miércoles en pleno han constatado su incapacidad para acordar las dos presidencias del Tribunal Supremo más delicadas, como la de lo Penal y la de lo Contencioso Administrativo al mantenerse el bloqueo entre sus miembros progresistas y conservadores.
Fuentes del CGPJ han informado de que se han celebrado hasta cuatro votaciones con idéntico resultado, 10 a 10, de modo que en ningún caso se ha alcanzado los 13 votos suficientes para que alguno de los candidatos fuese designado.
Los progresistas defienden que se debe cumplir con la ley de paridad y que deben ser dos mujeres quienes ostenten la presidencia para compensar el desequilibrio que hay en las salas al respecto, proponiendo a Ana Ferrer para Penal -presidida hasta ahora por Manuel Marchena- y Pilar Teso para Contencioso-Administrativo -presidida en funciones por Pablo Lucas mientras se resuelve el nombramiento al irse el anterior presidente, César Tolosa, como magistrado al Tribunal Constitucional- .
Sin embargo, los conservadores apuestan por dos hombres, Andrés Martínez Arrieta para la Sala de lo Penal y Pablo Lucas para la Sala de lo Contencioso Administrativo. Los nombramientos deben salir por tres quintos mientras que los bloques están divididos en diez progresistas y diez conservadores con lo que para que haya elección tiene que haber un consenso que no ha existido.
Además, la presidenta, Isabel Perelló, defiende que Arrieta o Lucas deben estar en la terna por su amplia trayectoria. La presidencia de estas dos salas son clave y por tanto el choque es más frontal.
El pasado 31 de marzo, Perelló retiró por segunda vez del orden del día del pleno los nombramientos de ambas presidencias, que ella misma había incluido para sorpresa de los vocales, tras constatar que no había posibilidad de pacto, si bien acordaron retomar las negociaciones para explorar un acuerdo en mayo. Sin embargo, esta falta de acuerdo se mantiene hasta el último momento.
