Paso a paso el Govern de Salvador Illa está consiguiendo compensar, aunque solo sea en parte, la falta de nuevos presupuestos. Hoy el Parlament ha convalidado un decreto del Ejecutivo catalán que destina 1.300 millones de euros, entre otros, a sueldos con las subidas del IPC reflejadas. Este montante supone poco más de 900 millones. El resto, unos 388 millones, fueron negociados con ERC con el visto bueno de Comuns. Republicanos y comunes son los dos grupos que junto al PSC han votado a favor hoy del decreto, que también ha contado con la abstención de Junts. Este último importe serán para ayudas a empresas que puedan verse afectadas por una política arancelaria de EE.UU. que hoy está pausada, y para sufragar las pérdidas en el campo tras varias granizadas en Semana Santa y en días posteriores.
El suplemento de crédito de hoy es el segundo que la Cámara catalana convalida este mes. El 7 de mayo el Govern consiguió sacar adelante una primera inyección económica. En esa ocasión, de 2.100 millones de euros. Quedará por aprobar un tercer decreto, de cerca de 500 millones, para que el Gabinete catalán cumpla con su previsión de destinar casi 4.000 millones ante la falta de nuevos presupuestos.
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La consellera de Economia, Alícia Romero, ha agradecido el apoyo de Esquerra y Comuns, al tiempo que ha detallado que esta segunda ampliación de crédito puede hacerse efectiva gracias a la mejora de los ingresos. Romero ha recordado que “la buena” situación de la economía catalana: “un 3,6% de crecimiento en el 2024, que hacen que los ingresos de la Generalitat crezcan un 14,6% respecto a otros años”.
Por su parte, Jordi Albert, portavoz adjunto de ERC en el Parlament, ha sacado pecho del acuerdo. El republicano, sin embargo, ha recordado que el montante destinado a paliar los aranceles puede variar. ERC tuvo en cuenta la pausa establecida por Donald Trump y la incertidumbre sobre si finalmente se aplicarán los aranceles, por lo que pactó con el Govern la creación un grupo de trabajo para acabar de concretar los recursos. Albert ha advertido que se darán las ayudas a las empresas siempre y cuando se garanticen los puestos de trabajo. Y con respecto al sector agrícola, ha urgido a la consellera a poner en marcha de inmediato los 30 millones previstos para mitigar los efectos de hasta “ocho granizadas” en lo que va de temporada.
Con el segundo decreto, los comunes también han logrado sacar adelante algunas de sus iniciativas. Así, el Govern se compromete a destinar, al margen de esos 1.300 millones, 850 millones al año a vivienda protegida, 13 millones a desarrollar el programa de salud bucodental público, 10 millones para salud mental, y otros 20 millones para la compañía energética pública, además de poner en marcha una oficina antidesahucios.
Durante el debate, el diputado de Junts, Jaume Giró, ha reprochado a la consellera Alícia Romero que se esté “abusando” de los suplementos de crédito, puesto que “un país pretendidamente normalizado no puede hacer norma de aquello que es excepcional”. “No haga de la improvisación su modus vivendi”, ha destacado. Giró ha apelado al Govern a “resistirse a la voracidad de incrementar el gasto público y evitar vaciar el bolsillo de los trabajadores con una subida de impuestos por la puerta de atrás”.
Desde el Partido Popular, la diputada Miriam Casanova ha apuntado que no pueden apoyar un decreto que representa “la segunda parte de la fracasada política del anterior Govern”, basado en la “asfixia fiscal, gasto superfluo, mala gestión de los servicios públicos y falta de respuesta a los retos de la sociedad catalana”. Joan Garriga, de Vox, ha criticado al Executiu por “incrementar el gasto público desenfrenadamente” y ha llamado a “no hipotecar el futuro de nuestros hijos”. “Gobiernan a espaldas del sentido común”, ha indicado.
Por parte de los Comuns, David Cid ha reivindicado el decreto porque es fruto de un “buen acuerdo” que incluye partidas en vivienda, salud pública y respuesta a la guerra comercial impulsada por Donald Trump. Laure Vega, de la CUP, ha señalado que “es obvio que el Govern debe cumplir con sus compromisos” y ha aceptado que el decreto “es el mecanismo que tenemos en esta situación”, pero ha llamado a una reflexión porque “se está presentado un modelo a pedazos” y esto es “tramposo”: “No podemos discutir hacia dónde avanzamos como país”. Y, por último, Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha criticado que el Govern “rehuya el debate parlamentario y tire de improvisación”.
