La Fiscalía Superior de Catalunya reclama que Laura Borràs cumpla la condena de cárcel y rechaza que se le conceda el indulto. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a la exlíder de Junts a 4 años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental por haber troceado contratos en favor de un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (entre 2013 y 2018) por valor de 335.700 euros. En su sentencia, sin embargo, el Tribunal solicitaba que la exlíder de Junts fuera indultada parcialmente al considerar que la pena impuesta era “excesiva” y pedía que se le rebajara la pena hasta los dos años para evitar su ingreso en prisión. Una vez la sentencia fue declarada firme por el Tribunal Supremo, el pasado mes de febrero, el TSJC elevó la petición al Consejo de Ministros y la Fiscalía ha emitido un informe en el que se opone de una manera muy contundente a la concesión de la medida de gracia que considera “absolutamente injustificada y arbitraria”.
El escrito, firmado por la fiscal Assumpta Pujol, advierte que los hechos por los que fue condenada Borràs “se enmarcan en el concepto de corrupción administrativa”, un delito “difícilmente susceptible de beneficiarse del derecho de gracia”. Recuerda que en España la única persona indultada por el delito de prevaricación fue José Luís Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda que denunció la trama Gürtel. “Colaboró activamente en el esclarecimiento de los hechos”, subraya la fiscal. En el caso de Borràs, la fiscal reitera que el indulto de “hechos delictivos enmarcados en el ámbito de la corrupción, afecta de forma negativa a la percepción de la justicia, alimentando la creencia que la ley es inefectiva o que la justicia es arbitraria, lo que podría fomentar la comisión de nuevos delitos”.
La Fiscalía recrimina que la exlíder de Junts no ha mostrado arrepentimiento
Además, asegura que solo habría posibilidad de conceder el indulto si hubiera pasado mucho tiempo entre que se destaparon los hechos y se dictó la condena o en caso de que la condenada hubiera mostrado arrepentimiento. La fiscalía recrimina que ni una cosa ni la otra. “La condenada no ha aceptado en ningún momento su responsabilidad, no reconoce haber actuado al margen de la ley, ni ha exteriorizado el más mínimo signo de arrepentimiento por las conductas que motivaron su condena. Por el contrario, son constantes y contumaces las manifestaciones públicas de la Sra. Borras, tanto a lo largo de la instrucción de la causa como con posterioridad a la sentencia de condena, negando su responsabilidad en el delito, reivindicando su inocencia, deslegitimando la actuación jurisdiccional y, afirmando, sin el más mínimo rubor, haber sido víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas”, recrimina.
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El tribunal, además, considera que si el proceso ha ido lento ha sido por culpa de la exlíder de Junts. Argumenta que “los constantes cambios de aforamiento de Borràs” que pasó de consellera de cultura, a diputada en el Congreso y finalmente diputada y presidenta del Parlament “condujeron a sucesivos cambios competenciales con los correspondientes traslados de la causa” que contribuyeron a alargar los plazos de la instrucción”. También recuerda el juez retiró del caso a los Mossos de la investigación y lo pasó a la Guardia Civil después de “unas manifestaciones públicas de la Sra. Borras afirmando haber sido informada por el Conseller de Interior del curso de la investigación (a pesar de estar declaradas secretas las actuaciones)”.
En una rueda de prensa este lunes, el portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha trasladado el “rechazo” del partido a esta decisión de la Fiscalía Superior de Catalunya y ha manifestado el “apoyo total” de la formación hacia la expresidenta del Parlament. Para Junts, este es un “nuevo episodio de esta dinámica de rebeldía y de fanatismo político en el que está instalado una parte de la judicatura española” e insisten en que es un caso de ”lawfare de manual”.
