El Gobierno va a tener que sudar la gota gorda si quiere sacar adelante la regularización masiva de inmigrantes que está impulsando como parche para solucionar el desaguisado del nuevo reglamento de Extranjería, que podría empujar a la irregularidad a más de 200.000 personas. La secretaria de Estado de Migraciones, que lleva la batuta en este asunto, ha constatado hoy en una reunión con los grupos parlamentarios que el Gobierno no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar la regularización en los términos que constan en el último borrador, pese a que flexibiliza los criterios para ello con respecto al primer documento. Con un Partido Popular que no opta, de momento, por apretar el botón verde pese a la presión de la Iglesia, los esfuerzos se centran en volver a armar la mayoría de la investidura.
Durante esta legislatura, los socios habituales en el Congreso han criticado en numerosas ocasiones que desde la mesa del Consejo de Ministros se aprueben decretos no negociados previamente que luego deben ser convalidados con sus apoyos. En esta ocasión, el Gobierno pretende sacar adelante la medida con la mayoría previamente atada. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España contiene una disposición única para instar al Gobierno a aprobar un real decreto en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación con el que conceder una autorización excepcional de trabajo y residencia a los inmigrantes que se encuentren en España. Es decir, la regularización podría ser aprobada, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, si el Gobierno quisiese en el próximo Consejo de Ministros, aunque debería ser convalidada luego en la cámara baja. Y para esto, aún no hay garantías de éxito.
El PNV apuesta por vincular la autorización a que la persona tenga un trabajo y Junts es una incógnita
La Secretaria de Migraciones trasladó a los grupos el último borrador, al que ha tenido acceso La Vanguardia, en varias reuniones. Conversó primero con los partidos de izquierdas más favorables a la regularización, como EH Bildu, ERC y Podemos, para trasladarles dos premisas, según fuentes presentes en la reunión: la intención es “aprobarla cuanto antes” y que se “beneficien de ella cuantas más personas mejor”. De ahí, que les explicase que los requisitos específicos que aparecen en el borrador –haber trabajado en España o tener una oferta, residir con niños o mayores dependientes, ser solicitante de asilo o encontrarse en situación de especial vulnerabilidad– no son acumulativos; basta con cumplir uno de ellos para poder optar a la autorización de trabajo y residencia, que tendrá una vigencia de un año.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señaló tras reunirse con Cancela que debe ser la plataforma de Regularización Ya, impulsora de la ILP, quien “tiene que decir en último término si las condiciones que está poniendo el PSOE le valen o no le valen”.
El PNV, según pudo constatar Cancela, es partidario de poner coto a la regularización, vinculándola esta a contratos de trabajo. Los nacionalistas vascos presentaron una enmienda a la ILP en la que exigían como requisitos para obtener la autorización que la persona figure empadronada en un municipio español y que haya firmado un contrato de trabajo. Es la misma idea que recalcó Aitor Esteban el pasado domingo en La Vanguardia, asegurando que “la regularización debe ser a través del trabajo”. Desde el PNV, al igual que desde Junts, no adelantan el sentido de su voto.
“Ni unos ni otros quieren a los negritos en España”
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó ayer que “ni unos ni otros quieren a los negritos en España, esa es la realidad”, en referencia a la falta de voluntad del Gobierno del España y de las comunidades autónomas por compartir la atención a los menores migrantes que alberga Canarias. El presidente canario responsabilizó al Gobierno central de incumplir el auto del Tribunal Supremo que le ordena integrar en la red de protección internacional a los menores solicitantes de asilo. “Solamente cuando el Supremo ha amenazado con multas coercitivas al Gobierno de España, ha recibido Canarias una carta de la secretaria de Estado de Migraciones solicitando una reunión”, reveló Clavijo, quien aseguró que no le temblará la mano si tiene que llevar a los tribunales a alguna autonomía que no cumpla con la distribución de menores.
Por su parte, el Partido Popular ni tan siquiera reconoce a la secretaria de Estado de Migraciones como una interlocutora válida para negociar la regularización. Desde las filas populares defienden que se debe convocar la ponencia para poder debatir. El PP apuesta por una regularización “individualizada”, vinculada a unas exigencias relacionadas con la actividad laboral, además de “asumir, de manera expresa, los valores y deberes de la sociedad española y europea”.
