A principios de mayo el Parlament validó un decreto del Govern para sobre la tasa turística. Salió adelante gracias a los votos del PSC, ERC y Comuns a cambio de que la iniciativa se tramitara como proyecto de ley, permitiéndose la introducción de cambios. Pero todo quedó manchado al incrementarse el tributo sin aplazar su entrada en vigor, marcado para el 1 de mayo del presenta año. El Govern no ligó el apoyo de los comunes; ERC reconocía en pequeño comité que se confió demasiado. Hoy, estos tres grupos han enmendado su desacuerdo y han dado validez a otro decreto por el cual se aplaza la puesta en marcha de las modificaciones del impuesto.
Lo que se ha votado este mediodía es un decreto que el Govern aprobó en el Consell Executiu del 13 de mayo para invalidar la entrada en vigor. Con la ratificación por parte del Parlament, el gravamen no se activará hasta “el primer periodo de liquidación que se inicie a partir de la entrada en vigor de la ley que se apruebe”. En otras palabras, hasta que el proyecto del ley no cumpla todo su recorrido en el Parlament no se activará la fecha de inicio del impuesto.
El decreto, que ha recibido luz verde este miércoles en el Parlament, contó con un dictamen no vinculante del Consell de Garanties Estatutàries, solicitado por Junts, en el que considera que el texto no acredita la “necesidad extraordinaria y urgente” para aprobar por la vía del decreto los cambios en este impuesto.
En todo caso, el dictamen no es vinculante. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha asegurado en su intervención en el hemiciclo que la propuesta de tasa turíiitca es coherente y urgente para responder a “retos del país”: primero, a la sostenibilidad y equilibrio del modelo turístico catalán, y segundo, a usar el activo del turismo para hacer frente a la emergencia habitacional. Igualmente, la socialista ha subrayado que los recursos que se obtengan servirán para el mantenimiento del paisaje urbano y mejorar la seguridad. “No se trata de penalizar el turismo, sino lo contrario”, ha remarcado.
Lo contrario piensa Junts. Para el diputado Joan Canadell la tasa pone en riesgo algunos establecimientos turísticos en Catalunya, como albergues, cámpings o casas rurales. Además ha justificado que se promueve la competencia entre municipio y ha aseverado que el recargo municipal afectara a las clases medias y bajas.
Laia Cañigueral, de ERC, ha hecho notar que es el tercer decreto sobre regulación de la tasa turística en las últimas semanas “y esto no es una buena noticia”. Las cosas no se han hecho bien”, ha admitido. La republicana ha coincidido con Romero en valorar que la tasa es una herramienta “de planificación, de sostenibilidad, equilibro y habitabilidad”. “Determina el modelo turístico”, ha dicho, por lo que no se puede “continuar improvisando”. Además ha defendido que el impuesto esté diferenciado por territorios y por temporadas.
Como Junts, el PP ha votado en contra. La diputada Àngels Esteller ha resaltado que el decreto “es el colmo de la inseguridad jurídica”, además de subrayar que la tasa “es un ataque al sector turístico, al motor económico de Catalunya”. “El sector turístico está en contra del impuesto”, ha destacado.
Javier Ramírez, de Vox, ha ido más allá y ha afirmado que el Govern, ERC y Comuns aplican una política “turismofóbica”, porque se aumenta el gravamen “a índoles insostenibles”. También ha afeado que la política fiscal se aplique “sin consenso y sin consultar al sector”.
David Cid, de los comunes, se ha mostrado irónico: “Pero qué escándalo: que llegue un guiri, un turista y pague ocho euros por una habitación de 800 euros...”. Para Cid, la tasa no modificará el número de turistas que lleguen a Catalunya. “Lo que cambiará es que la Generalitat tenga más recursos para dedicarlos” a otros, ha dicho.
La diputada de la CUP, Laure Vega, ha calificado de “despropósito” el debate de este miércoles y ha lamentado el “enorme descrédito que sufre la política” porque “hay políticos que confunden quién es su jefe, que no es el sector, son los catalanes”. Finalmente, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha rechazado el decreto porque “empuja al sector a competir en desigualdad de condiciones con otras comunidades exentas de esta tarifa” y porque penaliza al “turismo de rentas bajas porque no se tiene en cuenta los ingresos de cada turista”.
