El magistrado Juan Carlos Peinado, que desde hace más de un año investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez sin encontrar indicios de criminalidad, dio ayer un paso más al cerco del entorno del presidente del Gobierno. El titular del juzgado número 41 de Madrid elevó una exposición razonada –errática, con confusiones– al Tribunal Supremo para que investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su supuesta implicación en la presunta contratación irregular de la asesora en Moncloa de la esposa de Pedro Sánchez.
El instructor asegura que existen “indicios razonables, sólidos y cualificados” de la participación del aforado en un posible delito de malversación y otro de falso testimonio.
Mientras que el Consejo de Ministros se reunía en Moncloa, trascendió su petición al Tribunal Supremo a través de una exposición razonada de 32 páginas en la que dice concluir que pese a que Cristina Álvarez fue nombrada como personal eventual –un cargo de confianza– para asistencia a la mujer del presidente del Gobierno, ha realizado funciones “de atención” a Gómez “de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto público o protocolario”, recibiendo por ello dinero público.
El ministro de la Presidencia y Justicia asegura que la causa “no contiene nada que me deba preocupar”
El ministro Bolaños, tras conocer el procedimiento impulsado por el juez para su imputación, expresó su “tranquilidad absoluta” y su “confianza plena en la justicia” y especialmente en el sistema de recursos que puede revocar resoluciones que no se ajustan a derecho, como a su entender sucede con la solicitud del juez Peinado. Bolaños aseguró que “no contiene nada que me pueda preocupar” y añadió que, a su juicio, contiene “errores de bulto”.
El juez Peinado monta toda la causa en torno a unos correos electrónicos en los que Álvarez solicita a una empresa financiación para la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense.
El instructor, a raíz de esos e-mails, abrió una pieza separada por si llegaba el momento de tener cercado a un aforado para sólo desprenderse de esta línea de investigación, conservando la causa principal en la que mantiene imputada a Gómez por delitos de corrupción en los negocios.
Peinado, en su exposición al Supremo, ya se refiere al dirigente socialista como un “investigado”
La propia Álvarez, que se sentó ante Peinado como testigo y acabó imputada, reconoció que se dedicaba a coordinar la agenda de Gómez. Y que si le había hecho algún favor en sus proyectos no era más que por la amistad que las une desde hace años. Tras aquella declaración, Peinado siguió hacia delante y fue a la Moncloa a tomar declaración a Bolaños.
En aquella estrambótica citación –en la que hasta mandó cambiar el mobiliario del despacho de Bolaños para elevarse físicamente sobre el testigo–, el juez se interesó en reiteradas ocasiones por la persona que nombró a Álvarez. Como el ministro aseguró desconocerlo, hizo un receso. A la vuelta, Bolaños dio un nombre, el de Raúl Díaz, coordinador de personal del palacio de la Moncloa, pero en ningún momento aseguró que fue él quien realizó el nombramiento, como se desprende de la transcripción a la que tuvo acceso La Vanguardia. Díaz fue posteriormente llamado a declarar como testigo y, en sede judicial, negó ser él quien propuso el nombramiento de Álvarez. Peinado ve en esto, donde confunde la propuesta de nombramiento con la supervisión de este, que Bolaños respondió con “reticencias maliciosas”.
Así que, en este punto de la investigación, Peinado le abre dos frentes a Bolaños. Uno, por haber participado en la contratación de Álvarez, pudiendo incurrir en malversación. Dos, por faltar supuestamente a la verdad en su declaración como testigo, obligado a ella. En este punto llama a Bolaños “protervo”. Según la RAE: perverso, obstinado en la maldad.
La sala del Alto Tribunal tardará meses en responder al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez
En la controvertida exposición hay espacio para referirse, literalmente, al “tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez” –se supone que se refiere al funeral por la muerte del padre de la esposa del presidente– donde se vieron Álvarez y Bolaños, a quien se refiere como “investigado” en varias ocasiones.
Incluso hay un momento en el que habla de registrar Moncloa como única forma de hacerse con la documentación del nombramiento, aunque finalmente reconoce que esta diligencia sería desproporcionada.
El balón ahora está en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no se pronunciará previsiblemente hasta después del verano. Como dato, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidió imputar al fiscal general del Estado en julio del 2024 y se le abrió causa a mediados de octubre. La Sala de Admisión, formada por seis magistrados, designará un ponente que elaborará el informe sobre si admitir –o no– la exposición razonada. Si se admite, se designa a un instructor que, en primer termino, daría la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de solicitar, si fuese el caso, el suplicatorio.
Hasta entonces, desde el Gobierno asumen que le tocará lidiar “con la pena del telediario”. Desde Moncloa, ayer aseguraban que recibieron el último movimiento de Peinado con la “máxima tranquilidad”, aunque a su vez afirmaban estar “preocupados” por cómo esta decisión afecta a la imagen de la justicia. “Conocemos perfectamente esta instrucción y lo de hoy es un capítulo más”, sostuvo ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
