El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ve en aforamiento del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, un “fraude de ley” con el que habría tratado de evitar o, cuanto menos demorar el procedimiento por el que se le investiga a él y a otras nueve personas, entre ellas el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por la contratación de este último en la Diputación de Badajoz.
El tribunal acusa abiertamente a los socialistas de haber orquestado una maniobra para obligar a la justicia a trasladar la causa desde el juzgado de instrucción que ha desarrollado la investigación hasta el propio Tribunal Superior competente para juzgar a un aforado. De este modo, sugiere el auto conocido este lunes, habrían demorado todo el procedimiento.
El Tribunal se niega a asumir el caso tras esta maniobra y la vuelve a trasladar al juzgado de instrucción número 3 de Badajoz para que lo concluya.
En su resolución el tribunal estima que la maniobra que permitió que Gallardo se hiciera con el acta de diputado constituye “una concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del juzgado de instrucción”.
Se buscó “precipitadamente el aforamiento”, sostiene la resolución del Tribunal Superior de Justicia extremeño
El 19 de mayo de este año, cuatro diputados socialistas que eran miembros de la asamblea de Extremadura renunciaron ante notario alegando diversos motivos para permitir que el líder de los socialistas extremeños pudiera hacerse un hueco en la asamblea regional y adquirir el privilegio del aforamiento. El propio Gallardo había descartado esta maniobra algunos días antes, pero lo cierto es que finalmente, acabó utilizando esta vía y haciéndose con el acta.
La decisión del Tribunal Superior de Extremadura es recurrible pero, incluso antes de que se resuelva definitivamente crea un precedente relevante en la medida que la justicia prescinde de una decisión del poder legislativo por muy burda que esta sea.
Los socialistas extremeños han defendido la decisión de Gallardo tras conocer la resolución judicial del Tribunal Superior y sostienen que su líder sigue siendo aforado aunque la justicia se niegue a reconocer este situación.
Gallardo está siendo investigado por la contratación en el año 2017 de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, para ocupar un puesto de trabajo como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la comunidad. En 2022, David Sánchez, pasó a ocupar la plaza de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Los socialistas siempre han defendido que el cargo para el que fue elegido David Sánchez no fue creado exprofeso para él –en contra de lo que han sostenido algunos de los testigos que ha escuchado la juez– y recuerdan que, además, en 2017 Pedro Sánchez carecía de la influencia orgánica que luego alcanzaría al asumir primero la secretaria general del partido y la presidencia del Gobierno.
El juzgado de instrucción, que preside la juez Beatriz Biedma acusa a los implicado en esta causa de prevaricación y tráfico de influencias
