Dinamarca, que ejerce la presidencia de turno del Consejo Europeo en sustitución de Polonia, ha confirmado que incluirá, a solicitud de España, la cuestión de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea prevista para el 18 de julio para ser debatida y votada, según ha podido saber La Vanguardia.
Fuentes danesas señalan a este diario que Dinamarca, como presidenta de turno, quiere mantenerse neutral en esta cuestión y que si España lo ha pedido no van a poner obstáculos. De hecho, Dinamarca es de los estados que no pone pegas a la petición española como sí hacen otros.
En el último intento, bajo la presidencia polaca a finales de mayo, no se llegó a votar pese que la iniciativa española estuvo en el orden del día de la reunión hasta el último momento. Finalmente se aplazó la votación hasta que Madrid lograra resolver las dudas expresadas por un grupo de al menos siete países que todavía necesitaban aclaraciones sobre cuestiones financieras y jurídicas. España aceptó el aplazamiento y prometió seguir trabajado con los países escépticos para volverlo a intentar tan pronto como sea posible. El 18 de julio puede ser este momento.
Entre los escépticos se cuentan piezas importantes del tablero europeo como Alemania, Italia, Austria, República Checa, Croacia, Finlandia o Suecia, todos ellos con gobiernos conservadores vinculados a la familia de Partido Popular Europeo y susceptibles a las presiones que hace el PP español para que se rechace la iniciativa. Otro peso pesado de la Unión, Francia, quedó fuera del grupo de bloqueo pero también tiene dudas. Por contra, entre los favorables a la oficialidad del catalán y demás lenguas cooficiales están Rumanía, Bélgica, Eslovenia, Portugal, Dinamarca y Malta.
Las cuestiones no resueltas son, de un lado, financieras, porque, aunque España se haya comprometido a abonar el coste técnico y material que implicaría el reconocimiento de las tres lenguas, todavía hay quien teme que en el futuro otro gobierno de diferente signo político se niegue a sufragar estas partidas. La Comisión Europea estimó en un informe preliminar que sería de 132 millones de euros, un cálculo aproximado basado en las estimaciones del gaélico, la última lengua en obtener la oficialidad.
Del otro lado, hay países que no tienen claro el argumento español de que las opiniones de los servicios jurídicos del Consejo –que tienen dudas sobre si se deben reabrir los tratados para añadir estas tres lenguas– no son vinculantes. Se trata de una cuestión extremadamente de alta sensibilidad entre los Veintisiete estados miembros.
