El juez Juan Carlos Peinado ha pedido recabar la relación de llamadas de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, con las empresas que patrocinaron la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid.
La Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde la semana pasada a esta diligencia de Peinado, quien investiga desde hace más de un año a Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias y desde febrero también a su asesora en una pieza separada en la que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al ministro Félix Bolaños. La diligencia había sido recurrida por la Fiscalía y por la defensa de Álvarez alegando, en líneas generales, falta de motivación.
En una providencia fechada el martes, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ordena a la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de llamadas emitidas y recibidas en el teléfono de la asesora desde el día 16 de julio del 2018, fecha de su nombramiento en la Moncloa, hasta el 1 de julio vinculadas con la OMT, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale, “o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los masters o cátedras en la que participó” Begoña Gómez.
También requiere las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal, y a los números vinculados con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de empresas.
Cuando compareció ante el juez como investigada, Álvarez negó haberse prevalecido de su cargo para obtener un beneficio para sí misma o para terceros.
En esta rama del procedimiento, el juez intenta esclarecer si -tal y como sostiene Hazte Oír en su querella- Gómez se apropió de forma indebida del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva, en el que varias compañías invirtieron en 2022. En su declaración como investigada el pasado diciembre, la esposa del presidente del Gobierno negó haberse apropiado de dicho software o haber cometido cualquier otra irregularidad.
