Un año después de que ERC y PSC sentaran las bases de un acuerdo de financiación singular para Catalunya, su plasmación ayer en un acuerdo con el membrete de los Gobiernos de España y de Catalunya en la cabecera desató más preguntas que respuestas.
Obviamente se ha avanzado respecto a lo que había hasta ahora, puesto que dos ejecutivos (estatal y autonómico) han asumido como propio una parte de un acuerdo entre partidos. Pero en ningún sitio está escrito que el aumento de recursos con este nuevo sistema (se da por supuesto que crecerá) sea lo suficientemente importante para que haga olvidar que el modelo está caducado desde hace 11 años. O que acabe con la infrafinanciación crónica que sufre Catalunya y que hasta el PP de Feijóo se ha comprometido a corregir.
Lo mejor de todo es que las cifras existen, pero Estado y Generalitat han decidido dejarlas en un cajón hasta otoño. En octubre, se creó un grupo de trabajo que tiene prácticamente acabados los cálculos y la arquitectura del modelo. Aunque los negociadores son reacios a poner una cifra de ganancia esperada con el nuevo sistema, el modelo sólo se cerrará cuando el número cuadre con los intereses de las dos partes. Por eso ayer se abstuvieron tanto el ministro Ángel Víctor Torres como el conseller Albert Dalmau de utilizar la palabra “euro” en sus comparecencias.
Lo acordado ayer tiene tan poca concreción –después casi 12 meses de negociaciones– que puede ser defendido en Madrid como una simple actualización del modelo de financiación de régimen común y en Barcelona como un trascendental cambio de paradigma. Fuentes de los negociadores explican que fue la única manera de firmar algo.
Quizás el punto donde se ve más claro ese intento por contentar a todos es en el principio de ordinalidad que prevé que Catalunya ocupe el mismo puesto en el ranking de autonomías que más aportan y en el de las que más reciben. Ese principio aparece en preámbulo del texto, pero no en el detalle del pacto. Un matiz no menor.
Admitiendo que el esfuerzo por consensuar un texto que sea asumible hasta por Emiliano García-Page es laborioso, hay un par de preguntas que despiertan más dudas que las que había en el acuerdo del año pasado entre PSC y ERC.
La primera es sobre dónde de se ingresará el dinero del IRPF que en el primer momento recaude Catalunya. ¿En una cuenta del Gobierno o en una de la Generalitat? Y la segunda es de quién o de qué dependerá la Agència Tributària de Catalunya (ATC) al menos al principio. ¿De la AEAT española?
Aunque la respuesta fácil es que de España en los dos casos para paulatinamente pasar a Catalunya, no sería la primera vez en que una solución provisional se transforma en definitiva.
La política no se puede alejar de los ciudadanos. Ayer no se alejó simplemente no se entendió. Y si no hagan la prueba y pregunten a dos personas distintas qué entendieron sobre el pacto.
