“La ordinalidad se tiene que debatir en el marco de la reforma de la financiación autonómica”. El Gobierno central tiene previsto plantear al resto de comunidades autónomas el modelo de financiación que defiende Catalunya, un modelo cuyas líneas básicas recoge el acuerdo del pasado lunes en la comisión bilateral Estado-Generalitat, pero que evita comprometerse con este principio clave para las aspiraciones financieras de Catalunya y que permitiría solucionar uno de sus mayores problemas: que siendo la tercera que más aporta a la caja común acaba por ser la décima en recibir recursos para la financiación de los servicios públicos, lo que incurre en una evidente infrafinanciación.
Aunque en el acuerdo sellado entre ambos gobiernos la ordinalidad solo aparece en el preámbulo y no en su parte dispositiva, el Gobierno asume de facto que este es “un planteamiento de la Generalitat catalana” sobre el que no podía expresar un compromiso expreso en el acuerdo porque daría al traste, de antemano, con la necesaria negociación multilateral en el foro pertinente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Por tanto, la comisión bilateral no era el sitio donde asumir un compromiso sobre una relación financiera que concierne a todos los territorios y que desde el Govern defienden sin ambages. La ordinalidad deberá debatirse con todas las autonomías.
Así lo explicó ayer la consellera de Economia, Alícia Romero, en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde comentó que el hecho de que la ordinalidad aparezca solo en el preámbulo del acuerdo de los dos gobiernos ha sido la única manera de lograr una entente que evitara que el debate con el resto de territorios fracasara a las primeras de cambio. Según Romero, el Gobierno está dispuesto a aceptar este principio, aunque el pacto señala que es Catalunya quien lo defiende.
“Evidentemente faltan concreciones”, pero para el Govern la ordinalidad es algo “imprescindible”, hasta el punto de que si no acaba recogiéndose en el futuro modelo de financiación, Catalunya “no estará”, advirtió Romero.
El Govern considera “imprescindible” este principio y Junts tilda de “tomadura de pelo” el acuerdo firmado
En la misma línea se expresó la portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consell Executiu: “El principio de ordinalidad, en el que tú ordenas respecto a las otras comunidades autónomas, requiere de un trabajo del Gobierno de España”, por tanto, “no es una cuestión entre gobiernos sino de negociación con todas las comunidades autónomas”, explicó.
Es por esto que “no podía quedar determinado” en la parte dispositiva del acuerdo “y figura en el preámbulo”. Pero en cualquier caso, “está garantizado”, aseguró Paneque, y “Catalunya está determinada a que se cumpla” para que no pase “lo que nos ha pasado, que generando una riqueza determinada, los recursos que vienen nos hacen caer posiciones y hay un desajuste para las políticas que tenemos que llevar a cabo”.
Como resultado de la prudencia en que incurre el acuerdo firmado y que impregna la posición que en público expresa el Gobierno central, su portavoz, Pilar Alegría, se remitió ayer a los principios rectores del modelo de financiación singular que sí figuran entre los compromisos específicos del acuerdo: la suficiencia financiera –“que todas las comunidades reciban más recursos”, definió–; la solidaridad entre todos los territorios, la corresponsabilidad fiscal en gastos e ingresos, y una negociación bilateral “absolutamente compatible” con la multilateralidad.
Replicando a las críticas que se han vertido por la manera en que se pretende modificar el modelo de financiación, es decir, a través de un acuerdo previo con Catalunya, Alegría avaló el modus operandi que va de la singularidad a la generalidad: “Sí, la fórmula es aplicable a todas las comunidades autónomas”, zanjó.
La Moncloa se limita a describir esta relación financiera como “el planteamiento de la Generalitat”
Al tiempo, la ministra portavoz también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los territorios que no aceptan la ordinalidad como uno de los principios rectores de la nueva financiación, garantizando que “mientras haya un gobierno progresista en este país no va a haber ningún privilegio de unos territorios sobre otros”.
Para evitarlo, se asume que el Estado tendrá que poner sobre la mesa más recursos que permitan compensar la balanza, algo que Alegría deslizó en su respuesta a las críticas del PP, que acusa al Gobierno de romper España. “Lo que estamos haciendo es financiarla cada día más y mejor”. “Lo que rompe España es hacer regalos fiscales a los ricos, como hace el PP”, replicó por su parte la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El debate sobre la ordinalidad cobra fuerza sobre todo en Catalunya, donde diversas organizaciones del tejido económico y empresarial catalán, como el Consell de Cambras, Pimec o la Fira de Barcelona, entre otras, reclamaron ayer que se respete este principio y “se reconozca la singularidad y el peso económico de Catalunya” en el nuevo sistema.
Entre las reacciones políticas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que su partido dará un portazo en el Congreso de los Diputados a las reformas legislativas necesarias porque considera el acuerdo “una tomadura de pelo en toda regla”. Y el PP catalán acusó al Gobierno central de entregar “las herramientas de desconexión” al independentismo, mientras que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, centrado ayer en los altercados racistas de Torre Pacheco, evitó dar su opinión.
Un debate espinoso, doce años después de Granada
Doce años después de la declaración de Granada del 6 de julio del 2013, con la que Alfredo Pérez Rubalcaba concilió las posiciones del PSOE y el PSC, la ordinalidad aún despierta recelos en sectores del socialismo español que lo entienden como una merma de la solidaridad. En Granada se metió con calzador, al considerar “aconsejable” la referencia del federalismo alemán y la sentencia del TC sobre el Estatut, “para que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia”.
