Un juez ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a su anterior equipo por liderar una “organización” para traficar desde el ministerio con la modificación de leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos. En total, en la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona acuerda el levantamiento del secreto y la notificación de la condición de investigados a Montoro; a quien fuera su secretario de Estado, Miguel Ferré; además de a Pilar Platero, exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; Diego Martín-Abril, exdirector general de tributos; a su sucesor en el cargo José Alberto García; a Oscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; a Rogelio Menéndez, entonces asesor del gabinete del ministro; a José María Buenaventura, ex director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y a Santiago Menéndez, ex director general de la Agencia Tributaria.
Junto a ellos, también están investigados los principales responsables del despacho Equipo Económico –ahora bajo el nombre de global Afteli- , fundado por el propio Montoro: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asis Piedras.
Entre los investigados también constan las empresas y principales responsables de Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM.
Según la reciente resolución, “la investigación pone de manifiesto la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”.
“Presunto abuso del ejercicio de la función pública”
La mecánica sería que las empresas que buscan una reforma legislativa para el interés propio debían pasar por Equipo Económico (EE), quien a cambio de “importantes pagos”, y con un “presunto abuso del ejercicio de la función pública” lograban que en poco tiempo se consiguiese tal modificación.
El juez advierte que EE ha cobrado entre 2011 y 2019, por los pagos recibidos por las gasistas, 779.705 euros, de lo que consta en la cuentas de la empresa. Además, hay que tener en cuenta que las empresas a su vez pagaron a la consultara EY para que hiciera los informes técnicos para entregar al Ministerio, algo que ni siquiera hacía EE.
“Los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias (EY) y en el mejor de los casos retocados por EE. A pesar de ello, las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes”, apunta.
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El magistrado ha llegado a esta conclusión inicial tras analizar los correos electrónicos intervenidos en la causa, y a través de los cuales sostiene empresas, en este caso gasistas, solo lograron las reformas legislativas tras “acudir a la organización”.
“Esta trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico así como en torno a los socios de hecho o de derecho de la misma”, sostiene el auto. Las investigaciones se han centrado, por ahora, en las relaciones entre dicha organización y las empresas gasistas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos).
Esta investigación lleva abierta desde 2018, tras aparecer un hallazgo casual en forma de correo electrónico en otra causa que se estaba investigando y en el que se ponía de manifiesto la existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Desde entonces tanto los Mossos d’Esquadra como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han estado practicando diligencias.
Montoro se aseguró las ganancias para EE
Las investigaciones han revelado, según el juez, que hasta en dos ocasiones las gasistas englobadas en la AFGIM, contrataron a EE “a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones. “En ambos casos, se sigue el mismo modus operandi”, añade.
Para el juez, el principal investigado es Cristóbal Montoro. Recuerda que es socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008. Ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las modificaciones legislativas investigadas, “ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas de dicha tramitación”.
“Presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE”, recoge.
Según apunta, “el uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a las sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.
Altos cargos a favor de la trama
La resolución apunta a que se ha constatado que Montoro ha nombrado entre sus altos cargos a personas “estrechamente vinculadas al despacho EE; lo que asegurarían que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyecto de reglamentos se redactasen ‘a demanda’ de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello”.
El juez sospecha que los nombramientos efectuados por Montoro permitieron que “el control de los órganos con competencia decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase vinculado al despacho”.
Equipo Económico se defiende
Tras conocer el auto, Equipo Económico ha emitido un comunicado en el que niega “de forma tajante y rotunda haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables para AFGIM”.
En la nota, explican que Montoro dejó el despacho en el 2008 y desde entonces ha permanecido “completamente desvinculado de la firma”.
Explica que ADFIM contrató a EE para realizar un asesoramiento jurídico-tributario de carácter “estrictamente
técnico” consistente en un análisis de la viabilidad de la plena aplicación de las previsiones de la Directiva europea 2003/96/CE, que permitía que los Estados, para mantener la competitividad de la industria, exoneraran o moderaran del impuesto a las actividades industriales intensivas en el consumo de electricidad.
EE denuncia la “indefensión” que ha sufrido al haber permanecido el procedimiento judicial durante siete años en una situación de secreto de las actuaciones, “algo absolutamente anómalo”.
