El Govern de la Generalitat ha dado este lunes un paso crucial en su proyecto de reforma de la administración, dando inicio a la tramitación de la futura ley de dirección pública profesional. Es un movimiento de envergadura, ya que afecta al núcleo del sistema. El objetivo es despolitizar este nivel de gestión y atraer el mejor talento, estableciendo un modelo de selección y permanencia de los directivos públicos basado en criterios de mérito -formación, experiencia, aptitudes- y no de adscripción política, y orientado al ejercicio de funciones con responsabilidad gerencial y cumplimiento de objetivos.
El Consell de Govern aprobará mañana martes la memoria preliminar de la futura norma, pero el president Salvador Illa ha querido visibilizar que el Govern no está solo en este propósito, para cuyo trámite necesitará apoyos parlamentarios, sino que va de la mano con las más de 300 entidades que desde hace años reivindican la mejora de ese servicio esencial, agrupadas en el Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració.
Un proyecto del Govern de la mano de las entidades y con el visto bueno de los sindicatos
El acuerdo con las entidades se ha formalizado este lunes en una reunión en el Palau de la Generalitat del president Illa y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, encargado de la reforma administrativa, con los representantes del FERA Antoni Biarnés y Carme Poveda y los presidentes de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, y de la patronal Cecot, Xavier Panés, además de Carles Ramió y Joan Turró, en representación del Cetra, el grupo de expertos que trabaja desde octubre por encargo de la Generalitat en esta reforma de la administración. También han asistido representantes de los sindicatos CC.OO. y UGT para informarles del despliegue de la propuesta.
El trámite parlamentario, para el que el Govern necesitará apoyos, se prevé que arranque en el primer trimestre del 2026
La futura ley de dirección pública profesional, a la que quedan por delante largos meses de tramitación hasta que, previsiblemente en el primer trimestre del 2026, inicie el camino parlamentario, busca despolitizar este nivel de gestión y dar estabilidad a los directivos técnicos, para que no tengan que ser reemplazados cada vez que hay un cambio de gobierno. El objetivo es separar funciones: los políticos definen los objetivos estratégicos y prioridades de la legislatura y confían en los directivos públicos para que gestionen con criterios técnicos los recursos y los procesos para conseguir esos objetivos. El esquema se basará en estándares de la OCDE y buenas prácticas internacionales, señalan desde la Generalitat.
Para los subdirectores se mantiene el requisito de ser funcionarios y serán seleccionados, como los directores, por formación y aptitudes
Las nuevas reglas afectarán a subdirectores generales y directores generales, lo que supone unos 900 nombramientos, ha detallado Dalmau, en su comparecencia ante la prensa. El conseller ha explicado que para acceder a una subdirección se mantendrá el requisito de ser funcionario, pero los aspirantes tendrán que pasar un proceso selectivo que se encargará a una empresa externa. Esta evaluará sus capacidades con criterios técnicos y presentará al Govern una terna de candidatos. “La capacidad de designar es el del gobierno, pero después de que esta persona haya pasado un proceso selectivo”, ha detallado el conseller.
Un esquema basado en estándares de la OCDE y buenas prácticas internacionales
En el caso de los directores generales, el proceso de selección es el mismo, pero sin el requisito de ser funcionario. Dalmau ha explicado que se va a garantizar el derecho a optar a uno de estos puestos “a cualquier profesional que desarrolla su actividad en otros ámbitos, ya que será un proceso anónimo”, por lo que se garantiza la confidencialidad, pero cualquiera podrá acceder.
En la memoria preliminar, se señalan cinco objetivos de la futura ley. El primero es establecer un modelo de dirección pública profesional estable, desvinculada “de la lógica exclusivamente política o funcionarial”, en el que el ejercicio de las funciones directivas incluya “responsabilidad gerencial y cumplimiento de objetivos”. El segundo objetivo es mejorar la imparcialidad, transparencia y calidad de los procesos de selección de cargos directivos, mediante requisitos y criterios objetivos.
El tercero de los objetivos de esta regulación es incrementar la responsabilidad institucional y el rendimiento de cuentas de los altos directivos, para lo que se les pedirá la obtención de objetivos que puedan medirse y habrá una evaluación periódica del cumplimiento, El cuarto objetivo es “reforzar la coherencia y la racionalidad organizativa con una clasificación clara de los puestos de dirección, delimitación de funciones y régimen jurídico” que dé seguridad jurídica.
En quinto lugar, se busca “consolidar una cultura de gestión pública orientada a resultados, a la excelencia y al servicio de la ciudadanía” para reforzar la confianza en las instituciones públicas y su capacidad de liderazgo operativo.
La iniciativa plantea dos niveles de directivos públicos profesionales. Un primer nivel incluye las direcciones generales, direcciones de servicios y puestos asimilados, a los que se aplica de forma supletoria el régimen de altos cargos. Un segundo nivel estará integrado por puestos directivos de la Generalitat, ocupados por funcionarios de carrera en servicio activo que ejercen funciones directivas en las subdirecciones generales y puestos de trabajo asimilados.
