La Mesa del Parlament, en la última reunión del actual periodo de sesiones y justo antes del parón vacacional, ha aprobado un documento con una serie de recomendaciones dirigidas a los diputados de la Cámara catalana que intervienen en la elaboración de las leyes con el fin de agilizar el proceso legislativo.
Lo cierto es que en el Parlament el camino para aprobar leyes, tanto si emanan de los grupos parlamentarios como del Govern de la Generalitat, es pesado, lento y burocrático a día de hoy. Se trata de un proceso garantista, según remarcan fuentes parlamentarias. Pero a la vez, es poco ágil. Por eso, ya es habitual en estos últimos años el uso y, sobre todo, el abuso de otras figuras que permiten cambios legislativos de manera mucho más rápida, como son la lectura única. Se trata de un procedimiento abreviado que se salta todo el trámite de las comparecencias de los expertos, y que permite aprobar en solo dos plenos una ley. En teoría, debería ser para asuntos excepcionales o bien los que son muy simples, pero no siempre es así. Por otra parte, está el decreto ley, que es la figura que emplea el Govern y que deja en segundo plano el papel de la Cámara, puesto que es el ejecutivo quien legisla, aunque luego se permite a los grupos hacer aportaciones si así lo valida el pleno.
En estos meses, el órgano rector de la institución ha abordado este asunto a conciencia y tiene como prioridad mejorar este proceso. Se ha detectado que los cuellos de botella que ralentizan la elaboración de una ley están sobre todo en las comparecencias de los expertos o sectores afectados sobre un determinado asunto. Por eso, en el documento que se ha consensuado se pide celeridad en ese trámite, que algunas veces ha servido para impedir que una norma prospere ya que con el exceso de comparecencias se llega al final de la legislatura sin que el texto vuelva al pleno, como sucedió con la iniciativa que quería poner coto a los correbous, una cuestión que suscita debate dentro de los propios grupos.
Esta cuestión nace de la voluntad del presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, que el pasado mes de noviembre ya desveló en un desayuno informativo que quería abrir este melón. Desde entonces, los servicios jurídicos de la Cámara y el resto de miembros de la Mesa han trabajado en ello. En un primer momento se había barajado la posibilidad de modificar el reglamento si fuera preciso. Sin embargo, tras varios meses de estudiar el asunto, la conclusión es que no es necesario y que si hay voluntad se puede ir más rápido en el proceso legislativo. Antes de marcar las pautas, ha habido reuniones con todos los grupos parlamentarios así como con el Departament de la Presidència que encabeza Albert Dalmau. También con agentes externos. “En las Cortes Generales, con dos cámaras, van más rápido que en el Parlament”, constatan fuentes parlamentarias. “No puede ser”, añaden estas fuentes, que consideran que un plazo razonable y lógico para aprobar una ley desde cero es el de los seis o siete meses.
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Así pues, en concreto, la Mesa ha aprobado cuatro recomendaciones para la aprobación de leyes de forma ordinaria y otras para cuando se usa la vía rápida. En primer lugar, se sugiere que se designe de forma rápida a los miembros de la ponencia una vez una iniciativa legislativa supera el debate a la totalidad en el hemiciclo y abordar, de manera informal, la necesidad de sustanciar las audiencias de forma presencial, puesto que también pueden ser por escrito. Hasta ahora cada grupo proponía sus propias comparecencias. También se pide que se vote cuanto antes en la comisión pertinente las audiencias de organizaciones, grupos sociales o expertos propuestas por los grupos parlamentarios y se aconseja que las audiencias sean en la ponencia de forma preferente en lugar de hacerlo en la comisión.
Asimismo, superado ese trámite, se recomienda nombrar al relator de la ley para que lidere el proyecto, agendar las audiencias y agruparlas por bloques temáticos, tanto las escritas como las presenciales, y acortar el tiempo de intervención de los grupos para evitar la “yuxtaposición de monólogos”. “Las audiencias se tienen que substanciar en un plazo que no puede ser superior a 15 días”, se remarca en el documento, con una alusión a un artículo del reglamento de la institución.
Pasados esos 15 días y finalizadas las audiencias, se aboga por no esperar a la publicación del resumen de las audiencias para la presentación de enmiendas de los grupos y, por último, se reclama que las enmiendas sean de supresión, de modificación de adición. “No se pueden presentar a la vez enmiendas de diferente tipo ni se pueden presentar enmiendas incongruentes entre ellas”, concluye el documento de la Mesa. Fuentes del órgano rector subrayan que velarán de forma activa para que el plazo de 15 días sea una realidad y no una mera referencia, ya que en algunas leyes el trámite de audiencias ha sobrepasado el año de duración.
Más garantías en el proceso de lectura única
La Mesa del Parlament también ha previsto cambios en la forma en que se aprueban las leyes por lectura única. Si se emplea esa vía no hay un periodo para analizar la congruencia de las enmiendas que presentan los grupos y harmonizar el redactado, algo que compete a la comisiones del ramo. Por eso, se contempla ahora que un miembro de cada grupo participe en una reunión informal para abordar la congruencia de las enmiendas y tratar de harmonizar el texto. También se pide que no se aprueben las normas en el pleno posterior al que valida que se use la lectura única y que se haga en el siguiente. Al respecto, no hay nada escrito en el reglamento.
Además, se prevé la posibilidad de que la Mesa, si detecta incongruencias tras la presentación de las enmiendas, pueda posponer la aprobación de una iniciativa en la misma sesión “hasta que no se hagan las adaptaciones necesarias”.
Nuevo informe sobre la participación telemática en las comisiones
Los letrados del Parlament elaborarán un nuevo informe sobre la participación telemáticas en las comisiones. Hay una resolución de la Mesa que las avala, pero en la Mesa de la comisión de peticiones, donde tienen mayoría PP y Vox, se ha impedido que participe a distancia el diputado de Junts y exconseller Lluís Puig. El grupo posconvergente y la CUP han presentado una queja al órgano rector. Se trata de que haya un “criterio harmónico”, sostienen fuentes de la institución.
Por otra parte, la Mesa ha recibido un escrito del PSC para que se investigue lo que sucedió en la última reunión de la comisión de Educación, cuando uno de los invitados por los grupos parlamentarios increpó a la consellera del ramo, Esther Niubó.
