Tras el acuerdo de la reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para poner las bases hacia un nuevo modelo de financiación, el Executiu se comprometió a reforzar y muscular la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para dotarla de los recursos humanos y tecnológicos que habiliten a este ente para asumir la recaudación íntegra de los impuestos que se pagan en la comunidad y contar con un mayor grado de autonomía. La conselleria de Alícia Romero ha alcanzado un acuerdo con Esquerra Republicana para que éste vea la luz y cristalice en el primer Consell Executiu tras las vacaciones de verano, del próximo 26 de agosto.
El acuerdo político entre el Govern y los republicanos hará que se modifique el régimen jurídico de la hacienda catalana a través de un decreto ley con el objetivo de adaptar este órgano, según un comunicado del Departament y Esquerra, a “los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la ATC y el nuevo sistema de financiación singular”. Ambas partes apuntan que es “un paso hacia adelante en el refuerzo de la hacienda catalana” para que en el futuro pueda recaudar todos los impuestos, con la idea de empezar por el IRPF.
El decreto ley hará cambios en el libro segundo del Código Tributario de Catalunya, que se aprobó en 2017. Lo más reseñable de la normativa que tendrá luz verde el 26 de agosto es que se hará un contrato programa como instrumento de gobernanza y se desarrollarán dos nuevos cuerpos en el ámbito de los agentes tributarios e informáticos (hasta ahora la ATC no tiene ninguno). Estos nuevos recursos de personal están orientados a disponer de “perfiles profesionales ajustados a las necesidades reales de la agencia”.
En concreto, estos dos cuerpos recibirán el nombre de Cos d'Agents Tributaris y el Cos Superior d'Informàtica Tributària. En el primero estarán los responsables de desarrollar todas las tareas administrativas relacionadas con la tramitación de los procedimientos de aplicación de los impuestos y de asistencia a los ciudadanos en la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones. El segundo tendrá como objetivo la puesta en marcha de los nuevos programas y tecnologías que deben contribuir a “mejorar la eficacia de los procesos tributarios”. Las herramientas actuales han quedado desfasadas. En paralelo, estructurarán toda la información tributaria para “garantizar su coherencia e interoperabilidad”.
Sobre la autonomía de la que dispondrá la ATC y por la que Esquerra tanto ha insistido, el ente tendrá con estas modificaciones normativas plenas facultades para poder diseñar su estructura organizativa y podrá gestionar la plantilla que trabaja en el mismo. Esto también habilitará la competencia de la hacienda catalana para la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos tributarios y para aprobar su oferta pública de empleo. Contará, además, con servicios centrales y territoriales.
El contrato programa será una pata fundamental para el refuerzo de la ATC, puesto que determinará las “líneas estratégicas, objetivos, indicadores de seguimiento, recursos financieros asignados y las actividades” que desarrollará el órgano.