El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda cautelarmente la prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado 30 de junio “a la vista de la importancia de los derechos fundamentales en juego”.
Los abogados del exsocialista, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, señalan en el recurso de amparo que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad, a la integridad moral, a no confesarse culpable y a su defensa, asegurando que Cerdán ha tenido “en todo momento un comportamiento ejemplar” con la Justicia.
Fue el pasado 30 de junio cuando el magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envió a prisión a Cerdán. El pasado 23 de julio rechazó sacarle de la cárcel por riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso de mover posibles fondos ocultos, ante los “indicios poderosos” que apreciaba sobre su “papel directivo” en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública.
La defensa de Cerdán alegó que es víctima de una “presunción de indecencia”, descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor, en la vista que se celebró para estudiar la impugnación donde pedía revocar su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Ahora, en su recurso de amparo, la representación de Cerdán destaca que lo primero que hizo el exsocialista al conocer los indicios que pesaban sobre él fue renunciar al acta de diputado “a diferencia” del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, “facilitando su citación en calidad de investigado”. “Todo ello evidencia que el comportamiento que ha mostrado es del todo contrario a la tesis de la obstrucción del procedimiento”, sostienen sus abogados.
Salellas y Teijelo lamentan que a Cerdán se le haya dispensado un trato distinto respecto al propio Ábalos o a su exasesor Koldo García, “personas que claramente, y en abstracto, podrían tener una capacidad de influencia mucho mayor” que la del exdirigente socialista. “Ya que éste ha dejado todas y cada una de las responsabilidades públicas que ostentaba y, por tanto, su poder se ha visto del todo desvanecido. En cambio, es meritorio recordar que Ábalos continúa ostentando responsabilidades públicas”, anuda.
En su recurso, indican que “la tesis” del procesamiento es que Cerdán “y el resto de investigados se habrían enriquecido en base de su supuesta actividad delictiva”. “A fecha de hoy no se habrían encontrado los activos económicos, (por lo que) entiende esta defensa que no permite fundar una medida cautelar tan gravosa como la prisión provisional”, critica.
En este sentido, se pregunta si Cerdán debe agotar “el período máximo de prisión provisional” que sería de seis meses, “simplemente porque no aparecerán nunca activos económicos ilícitos”. “Y en caso de que existiera este patrimonio (todo ello en términos dialécticos ya que negamos la existencia de este), ¿el mantenimiento de la prisión preventiva depende únicamente de la pericia, y de los medios materiales y humanos que disponga la unidad investigadora de la Guardia Civil para descubrirlos?”, añade.
Por ello, concluyen, el Tribunal Constitucional debería suspender cautelarmente la medida de prisión provisional “a la vista de la importancia de los derechos fundamentales en juego (derecho a la libertad, derecho a la integridad moral y derecho a no declararse culpable) y habida cuenta que en caso contrario haría del todo inútil e ineficaz un fallo estimatorio”, concluye.