El caso Montoro ha abierto un complejo debate sobre si un ministro de Hacienda tiene derecho a conocer datos reservados de contribuyentes que maneja la Agencia Tributaria (AEAT), informes elaborados por orden judicial o si puede dar órdenes sobre inspecciones concretas. El juez de Tarragona que investiga al exministro Cristóbal Montoro por presuntamente formar parte de una trama criminal en el seno del Ministerio de Hacienda, Rubén Rus, se ha apoyado en el criterio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para señalar que el ministro como superior jerárquico del director de la AEAT tiene plenas potestades para conocer ese tipo de información.
Sin embargo, la fiscal del caso, desautorizada por su jefe, defiende que se han podido cometer hasta cinco delitos por el trasvase de información reservada y confidencial desde la Agencia hasta el equipo de Montoro en Hacienda. Varios perjudicados que han sabido que sus datos acabaron en la mesa del despacho del ministro mantienen la misma tesis. Uno de ellos, el exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato, ha planteado un recurso contra la decisión del juez de no investigar a Montoro por esta cuestión en el que pone negro sobre blanco cómo, quién y hasta dónde pueden llegar los datos privados de una persona. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha defiende este criterio.
Un recurso expone que a los datos fiscales solo puede acceder quien intervenga en el expediente tributario
El juez tiene la opción ahora de repensar su decisión. De lo contrario, será la Audiencia Provincial de Tarragona quien acabe definiendo si hay base para investigar por revelación de secretos al entonces presidente de la Agencia Santiago Menéndez, a Montoro y a su jefe de gabinete Felipe Martínez Rico, que recibió más de un centenar de correos con este tipo de información de la AEAT para entregárselos al ministro.
La duda doctrinal es si Montoro, como ministro de Hacienda, tenía derecho, por ley, a conocer los datos fiscales de políticos, periodistas, deportistas, artistas, da igual la profesión o procedencia. El fiscal jefe de Anticorrupción entregó un duro informe a la fiscal Carmen García Cerdá en el año 2023, al que ha tenido acceso La Vanguardia , en el que le impide seguir indagando en los correos electrónicos incautados en esta causa y que fueron detectados por el inspector de la AEAT que le ayuda en esta investigación. Luzón le reprocha que “lo que considera unas actuaciones presuntamente criminales de miembros de la Agencia Tributaria no son, a mi juicio, sino reflejo de la forma ordinaria de proceder de este ente público en su sistema de comunicaciones y de dación de cuentas”. Su tesis es que el presidente de la AEAT es a su vez secretario de Estado de Hacienda y por tanto, no puede haber revelación de datos a su superior jerárquico, que sería el ministro. Además, sostiene que para que hubiese revelación, Montoro tendría que haber usado esos datos o entregarlos a terceros, algo que, a su juicio, no ocurrió. Por último, le aclara que los informes que le hicieron llegar al equipo de Montoro sobre causas judiciales, como los referidos al caso Gürtel o el de los Pujol, fueron elaborados por el auxilio judicial y no por peritos y, por tanto, tampoco exige tal deber de sigilo.
“Resulta llamativo que tanto la dación de cuentas a los superiores como los requerimientos de estos a sus subordinados se realiza siempre a través de los correspondientes correos oficiales, lo que no parece reflejar ánimo alguno de ocultación”. En ese escrito, por cierto, Luzón aprovecha para mostrar su preocupación por los “exiguos” indicios existentes en la causa, que gira en torno a la modificación de reformas legislativas por parte de Hacienda a favor de empresas previo pago al despacho Equipo Económico, fundado por el propio ministro.
La postura de Luzón, asumida por el juez Rubén Rus, ha sido puesta en cuestión en varios recursos que deberán ser ahora resueltos. El primer argumento es que la ley general tributaria establece que solo podrán acceder a datos de un contribuyente aquellos “llamados a intervenir en el expediente tributario”. Ni el ministro ni su jefe de gabinete lo estaban. “La existencia y circulación de dicha información fuera de los estrictos cauces legalmente previstos supone vulneración del deber de sigilo funcional y del principio de confidencialidad tributaria”, recoge el recurso de Rato. Y respecto a la dependencia de la AEAT al ministerio subraya que “nada tiene que ver con el perímetro de protección del dato personal y del secreto”. Además, apunta que en ningún caso la “autoridad política” está habilitada para acceder directamente a expedientes individuales, “bajo riesgo de incurrir en un uso ilegítimo de la información tributaria”.
Una filtración sobre Rato acabó en el despacho del titular de Hacienda
En la causa que se investiga al exministro Cristóbal Montoro han aparecido más de un centenar de correos electrónicos con asuntos confidenciales que manejaba la Agencia Tributaria (AEAT). Estos datos llegaban a manos del titular de Hacienda. Uno de esos mails que constan en la causa es la comunicación al equipo de Montoro de que la Agencia Tributaria había abierto una “investigación reservada” por una supuesta filtración de la entonces jefa de Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Margarita García-Valdecasas a su marido. A raíz de una noticia publicada en La Vanguardia, la dirección de la AEAT descubrió que García Valdecasas había enviado un informe sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a su marido, el expresidente del banco suizo en n España Mirabaud, Alejandro Pérez Calzada. Desde la AEAT se comunicó a la gente próxima a Montoro que se había abierto una investigación interna para saber lo ocurrido. El debate que existe es si desde la Agencia se podía dar este tipo de información al ministro. Resulta que entre todas las comunicaciones enviadas a la gente de Montoro, también se detallaron los pormenores del expediente tributario sobre Rato y la preparación de una entrada y registro contra él.
