“Gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio tuve contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta y con el comité donde estaban también el ministro del Interior y la ministra de Defensa desde el primer momento. Esta colaboración y esta coordinación son fundamentales, son necesarias, y vamos a seguir con ellas”.
Cuesta creerlo hoy, pero son palabras textuales dirigidas el 31 de octubre del 2024 por Carlos Mazón a Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat Valenciana agradeciendo la colaboración prestada por el Gobierno central tras la catástrofe de la dana en Valencia el 29 de octubre, una riada que acabó con la vida de 228 personas en unas dramáticas circunstancias que los servicios de emergencia no previeron de forma adecuada y ante cuyas consecuencias reaccionaron tarde.
Aquella voluntad conciliadora y cooperante que las administraciones central y autonómica mostraron aquel día, no tardó en desvanecerse, enterrada en el lodo de los reproches mutuos y una falta de coordinación que aún pervive ahora como se está poniendo de nuevo en evidencia en la gestión de los incendios que arrasan varias zonas de España gestionadas por distintas administraciones de diferente color político.
Las palabras pronunciadas ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, trasladando a los gobiernos autonómicos la responsabilidad de solicitar el socorro del Estado en caso de verse desbordados, recordaron a la controvertida manera –“si necesitan ayuda, que la pidan”– que tuvo el presidente Sánchez de exponer que no creía acertado elevar el nivel de alerta y retirar el mando de la crisis a Valencia.
La falta de entendimiento ante los incendios es conocida para los que padecieron la riada
La cuestión competencial, por qué el Estado no asumió el control elevando la emergencia al nivel 3, o por qué no lo solicitó la Generalitat Valenciana, cuando los hechos parecían demostrar que la catástrofe excedía su capacidad de reacción, continúa sin resolverse.
Más aún, ese desencuentro esencial acerca de lo ocurrido el 29 de octubre en Valencia se ha trasladado al proceso de reconstrucción, que viene acometiéndose con una descoordinación entre los organismos públicos implicados que es constantemente denunciada por los afectados y la sociedad civil valenciana.
Los ciudadanos observan con perplejidad cómo, transcurridos nueve meses, la constante bronca entre las administraciones central y autonómica entorpece las tareas de reconstrucción, sin que haya sido posible siquiera constituir una comisión mixta que evite duplicidades, identifique prioridades y agilice los ingentes trabajos que se están llevando a cabo y en gran medida aún están pendientes.
La falta de entendimiento en Valencia se parece demasiado a lo que ahora se está viviendo con los incendios forestales que asuelan la mitad oeste de la Península y vuelve a poner de manifiesto la dificultad, cuando no la imposibilidad, de los diversos niveles de la administración para cooperar pacíficamente para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos afectados por una catástrofe. De fondo, tal vez, está probablemente la necesidad de aclarar qué significa administrar en común uno de los Estados más descentralizados de Europa.
Ese desencuentro acerca de lo ocurrido el 29 de octubre se ha trasladado al proceso de reconstrucción
En Valencia, tras los nombramientos del general Gan Pampols como vicepresidente del Consell encargado de la reconstrucción y del dimitido José María Ángel como comisionado del Gobierno para gestionar esa misma tarea, ambos anunciaron un propósito de colaboración que nunca se ha concretado. No hay semana sin que la portavoz del ejecutivo autonómico, Susana Camarero, o el propio Mazón, critiquen la acción de algún ministerio y sin que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, repliquen en parecidos términos.