La condonación parcial de la deuda contraída por distintas administraciones autonómicas a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que el Gobierno prevé aprobar a principios de septiembre, promete ser un nuevo frente arduo para el Ejecutivo. Distintos dirigentes del Partido Popular volvieron a cuestionar ayer esta iniciativa y la circunscriben a que Sánchez lo hace por “necesidad política”. Con ello, los populares –que ya plantaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se dio luz verde a la propuesta– mantienen sus recelos y su voto en el Congreso sigue en el aire.
La condonación asciende a 83.252 millones y tiene como principal beneficiaria a Andalucía, de la que el Estado asumiría una deuda de 18.791 millones. No obstante, su presidente, Juanma Moreno, no comparte que la quita sea tan ventajosa. El mandatario andaluz afirmó ayer desde Málaga que el planteamiento de Hacienda responde a una “condición que pone el independentismo para la subsistencia” del Gobierno. “Este instrumento no se hace en beneficio de las comunidades autónomas, sino en beneficio propio”, considera Moreno.
La condonación asciende a 83.252 millones y tiene como principal beneficiaria a Andalucía
El dirigente popular enfatizó que, cuando María Jesús Montero era consejera de la Junta, “dijo que no se podía aceptar una quita sin un modelo de financiación autonómica justo”. “Seguimos sus palabras”, argumentó.
Aún desde las filas populares, la portavoz en el Senado Alicia García acusó al Ejecutivo de “arrodillarse ante los chantajes de ERC y Junts”. La consejera de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, calificó la medida de “parche” y criticó que “la deuda no se quita; cambia de mano”. Por ello, sostuvo que “la que tiene Catalunya pasará a ser deuda del Estado y, por tanto, de todos”.
En el caso de que prospere en la Cámara Baja, la propuesta de febrero detallaba que la quita es voluntaria, por lo que serán las comunidades quien podrían tener la última palabra.
Quien, por otro lado, confirmó por tercer día consecutivo que el terreno de los presupuestos está ahora cuesta arriba es Oriol Junqueras. El líder de ERC subrayó ayer en Catalunya Ràdioque la condonación “no tiene nada que ver” con una negociación presupuestaria. Declaró que esta medida “no es ni un paso necesario ni suficiente” para unas nuevas cuentas, pacto que supedita a “cumplir” con la financiación singular y la capacidad recaudatoria de la futura hacienda catalana.
Lee tambiénPuigdemont acusa a Alemania de bloquear la oficialidad del catalán
Por si fuera poco, en el flanco de los aliados del Gobierno aparecen algunos escépticos. Es el caso de Àgueda Micó, diputada de Més-Compromís que abandonó Sumar en julio. Micó ve la propuesta como “totalmente discrecional”, “sin criterios objetivos” y que busca solo “solucionar un pacto concreto con un partido político”. La parlamentaria cree insuficiente la quita para la Comunidad Valenciana, que sería de 11.210 millones.