El Gobierno arranca el curso político con una de las asignaturas pendientes del anterior: la distribución entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el real decreto con el que se establece el número de niños y adolescentes extranjeros sin amparo familiar que, en función de su población, debería tener cada comunidad acogidos en su sistema de protección. Lo llaman capacidad ordinaria y está cifrada en una ratio de 32 plazas por cada 100.000 habitantes. Esta es la cifra es la que vertebrará el reparto: las comunidades que superen su capacidad ordinaria —como Catalunya o País Vasco— quedarán fuera de la distribución obligatoria, mientras que las que se queden debajo de esa cifra —como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, a la cabeza— tendrán que acoger a un mayor número de menores. Las comunidades el Partido Popular, que vienen recurriendo todos los pasos dados por el Gobierno en este asunto, ya avisan que también llevarán a los tribunales este nuevo real decreto.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha definido la aprobación de este real decreto como “un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país”. Rego ha explicado que, a partir de este momento, “está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido”. “Hoy damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos y solas a nuestro país. Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios”, ha añadido la titular de Juventud e Infancia.
Las comunidades que más deberán acoger
Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571)
El real decreto no establece el número exacto de menores que cada comunidad debe acoger. Eso será en siguientes pasos, cuando las comunidades actualicen la cifra de niños y adolescentes que tienen actualmente en sus sistemas. En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades. Los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571). Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49. Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Catalunya tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalitat anunció su intención de atender como mínimo a 31, como en anteriores campañas de acogida.
Ahora es el momento de que las comunidades y ciudades autónomas que multiplique por tres su capacidad ordinaria pidan ser declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará entonces el protocolo de traslados. Está por descontado que Canarias y Ceuta iniciarán el trámite de inmediato, debido a la crisis humanitaria que sufren en sus territorios desde los últimos tiempos. Especialmente las islas, que mantienen su sistema de acogida de menores completamente desbordado con más de 5.000 niños bajo su paraguas, pese a que su capacidad ordinaria, hoy fijada, se sitúa en 737. Está por ver si Baleares, como las ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular, activa el mecanismo debido al repute de la ruta argelina, que ha multiplicado las pateras que están llegando a las islas este año.
Frente común de las regiones del PP
Acusan al gobierno central de favorecer los intereses de Catalunya y País Vasco
Según las estimaciones del Gobierno central, se deberán llevar a cabo 3.000 derivaciones. Una cifra que no incluye los 1.000 menores solicitantes de protección internacional que el Gobierno debe integrar en su sistema estatal, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo. El próximo martes se celebrará ua reunión interministerial para dar inicio a los traslados, según ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Unas derivaciones que cuentan con el rechazo total del Partido Popular. Diez comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional, mientras que la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que recurrirá los últimos decretos y pedirá suspender cautelarmente el reparto.
Este martes, algunas autonomías han renovado sus críticas. Madrid ha anunciado un nuevo recurso y, como La Rioja, ha denunciado que sus instalaciones ya están saturadas, mientras que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que se considere frontera a su comunidad y ha acusado al Gobierno de favorecer a País Vasco y Catalunya. En cambio, Navarra, gobernada el PSOE, ha señalado que pese a estar “tensionada” va a colaborar para ayudar a Canarias y ha achacado la puesta en marcha de este traslado obligatorio a que las autonomías gestionadas por el PP “se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria”.
