Un día después de que el Govern situara como “absolutamente prioritario” el proyecto de presupuestos para el 2026 y que afirmara que en las próximas semanas empezarán los contactos con ERC y los Comuns, estos últimos han querido lanzar un aviso antes de entrar en la negociación presupuestaria. El portavoz de los ecosocialistas, David Cid, ha situado como línea roja este miércoles en declaraciones a Catalunya Ràdio que el Executiu ponga en marcha el cuerpo de inspectores que se debe encargar de velar por el cumplimiento de la ley de vivienda.
“Hasta que este cuerpo no esté activado no tendría sentido para nosotros que nos sentáramos a negociar los presupuestos de 2026”, ha manifestado Cid. El diputado de los Comuns ha ido más allá y ha expresado que tiene la sensación de que el Departament de Territori, que encabeza Sílvia Paneque, “no cree” en este cuerpo de inspectores. Esta es una cuestión en la que el grupo que lidera Jéssica Albiach ha insistido en los últimos meses. En agosto, cuando hicieron balance del primer año del Govern de Salvador Illa, señalaron que en materia de vivienda había un claro “recorrido de mejora” porque hay “incumplimientos” en la contratación de estos inspectores o la unidad antidesahucios.
Cabe recordar que dicho cuerpo de inspectores que reclaman los Comuns se pactó en abril con el Govern, Esquerra Republicana y la CUP en el acuerdo para la ley de vivienda. El decreto se acabó tramitando como proyecto de ley, que sigue su curso en el Parlament y se encuentra en el plazo de las enmiendas al articulado. En el documento que rubricaron las cuatro partes se preveía la incorporación del cuerpo de inspectores de vivienda, con la participación de la Agència Catalana de Consum y de la Agència Catalana de l'Habitatge.
Según el texto, este personal tendrá el encargo de “verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales”, además de “detectar fraudes o cláusulas abusivas” y “elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras”. Las infracciones estarían centradas en el incumplimiento del tope al precio del alquiler o en fraudes en contratos de alquiler de temporada.
Fuentes del Govern consultadas por La Vanguardia aseguran que se sigue trabajando para “poder hacer efectivo” el acuerdo y subrayan que cumplen con los “compromisos” alcanzados con los socios de investidura.
El Executiu y los ecosocialistas alcanzaron una entente para el segundo suplemento de crédito que incluía la incorporación de 60 agentes que, previsiblemente, debían estar listos antes del 30 de junio. Con ello, se quería llegar al centenar de inspectores al término del presente año. En julio, Paneque expuso que algunos se tenían que incorporar a través de la Agència Catalana de Consum, que sí que contrató a 15 efectivos. No obstante, para que se sume personal a la Agència Catalana de l'Habitatge hacen falta, informó la consellera, modificaciones legislativas que se encuadrarán en el proyecto de ley que se tramita en la Cámara catalana.