La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha enfocado su arranque del curso político a desplegar el catálogo de medidas con el que Sumar sigue intentando dotar de un marcado acento social a las próximas medidas que se debatirán en el Consejo de Ministros. Lo ha hecho en RTVE y a pocas horas de que Pedro Sánchez presente el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Y entre las principales medidas ha situado la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos parentales y la reducción de la jornada laboral.
Díaz también ha reivindicado el plan integral contra la corrupción, que incluye quince medidas impulsadas desde Sumar y que el Ejecutivo ha incorporado a su agenda de regeneración democrática. En este terreno, el cierre de filas con el PSOE evidencia que, para Sumar, la crisis de credibilidad abierta por el caso Koldo —que salpicó a Santos Cerdán y tensó al Ejecutivo— se ha dado por cerrada y siendo sustituida por un mensaje de confianza hacia la estabilidad de la coalición.
La líder de Sumar ha llegado al ecuador de la legislatura con un proyecto desgastado por la ruptura con Podemos y la fuga de diputados, pero aún en pie. En este contexto, ha querido proyectar solvencia y continuidad en un momento clave: “Seguimos negociando y trabajando intensamente”, ha insistido, consciente de que la reducción de la jornada laboral se ha convertido en la gran batalla del arranque del curso y, en la práctica, en el termómetro de la cohesión del Gobierno antes de la negociación de los Presupuestos.
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Díaz, de hecho, ha lanzado un mensaje directo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que ha emplazado de nuevo a sentarse en septiembre para discutir la propuesta. “Hasta el Partido Popular, con sus datos demoscópicos, sabe que esta medida es clave para su electorado”, ha subrayado, recordando que Sumar ha intentado fijar una cita antes del verano que finalmente fue cancelada. Y ha advertido: “Si el PP hace lo mismo que con la reforma laboral, los españoles se lo van a castigar”.
En materia de salario mínimo, la vicepresidenta ha anunciado la inminente convocatoria de la Comisión de Expertos para evaluar la senda de incremento comprometida con la Carta Social Europea. La gran incógnita, como se deduce de sus evasivas, es si el nuevo umbral salarial mantendrá la exención fiscal en la declaración de la renta, un punto que ya ha provocado en el pasado fricciones con el Ministerio de Hacienda. “Nuestra posición es clara: la justicia fiscal tiene que empezar por arriba y no por abajo”, ha sostenido, en alusión a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Con todo, Díaz ha buscado proyectar que Sumar encara la segunda mitad de la legislatura con una agenda propia y con la intención de dejar huella en el Gobierno de coalición. Pero el verdadero examen llegará con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, donde la reducción de la jornada laboral y la senda del salario mínimo se han convertido en piezas clave para calibrar tanto la cohesión interna del Ejecutivo como la capacidad de la vicepresidenta para traducir su discurso en victorias políticas tangibles.
