El Gobierno cumplirá hoy con una de las medidas más importantes del pacto de investidura alcanzado con ERC en el 2023. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley orgánica por el que el Estado asumirá 83.252 millones de deuda que las quince comunidades autónomas de régimen común acumulan desde la crisis financiera. Nunca antes se había producido una asunción de endeudamiento de este calibre. El territorio más beneficiado en términos globales será Andalucía, seguido de Catalunya, Comunidad Valenciana y Madrid.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en rueda de prensa en La Moncloa (Dani Duch)
La propuesta del Ejecutivo es similar a la que el Ministerio de Hacienda presentó a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero. Durante estos meses, el Ejecutivo central se ha ido reuniendo de forma individual con los autonómicos para presentarles las cifras de la condonación y el cálculo de los intereses que se ahorrarán, entre 5.000 y 7.000 millones en total.
Los 83.252 millones que el Gobierno propone condonar a las quince comunidades autónomas afectan tanto a deuda contraída con el Estado como con entidades privadas. Es decir, en el caso de Catalunya, Andalucía o Comunidad Valenciana, que recurrieron durante la crisis a mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la quita afectaría a estas ayudas. En el caso de Madrid, que no acudió al FLA, la medida podría servir para amortizar deuda de carácter privado.
Andalucía califica de “traición” la propuesta de Montero y afirma que “solo beneficia” a las más endeudadas
El acuerdo con ERC, por tanto, amplía la condonación de deuda a todos los territorios de régimen común. Para ello el Gobierno aplica la premisa de que para hacer frente a la crisis financiera las comunidades autónomas tuvieron que sobreendeudarse. “La respuesta que dio el gobierno del PP a la crisis financiera no fue la adecuada”, aseguró la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
El Ministerio de Hacienda ha aplicado en la propuesta que se aprueba hoy una metodología para que la condonación sea relativamente uniforme entre ciudadanos de distintos territorios y no se generen agravios.
El PP, sin embargo, rechaza la medida. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero, foro en el que Montero presentó la quita, las comunidades gobernadas por los populares plantaron a la también ministra de Hacienda y abandonaron la sala sin debatir ni votar la propuesta. Ayer, la Junta de Andalucía calificó de “traición” la iniciativa de Montero, que es la candidata del PSOE a las próximas elecciones autonómicas y la rival de Juanma Moreno. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, dijo que la propuesta “solo beneficia” a las comunidades más endeudadas, que son Catalunya y la Comunidad Valenciana.
La iniciativa, del ala socialista del Ejecutivo, es ampliamente apoyada por Sumar si bien el socio minoritario de la coalición presentó ayer una serie de alegaciones al anteproyecto de ley entre las que destaca la reclamación de un cuarto tramo de asunción de deuda por parte del Estado, por un importe de 7.000 millones de euros, destinado específicamente a la Comunidad Valenciana para cubrir los gastos derivados de la dana del 29 de octubre del 2024.
Sumar apoya la medida pero plantea un tramo más para que el Estado asuma los gastos derivados de la dana
La enmienda, impulsada por el diputado valenciano de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, se completó con otra condición: vincular la quita de deuda a que las comunidades no rebajen los impuestos de sucesiones y patrimonio. Una medida que, en referencia implícita a la política fiscal de la Comunidad de Madrid, busca “evitar que la merma de ingresos comprometa la sostenibilidad financiera a largo plazo”.
El endeudamiento que asumirá el Estado formará parte de la ratio de deuda de España. La medida ha sido posible, reconoció Hacienda, gracias al crecimiento del PIB y a la mejora de la situación de España en los mercados financieros.
