La Comunidad de Madrid ha intensificado su pulso con el Gobierno central al solicitar la devolución a sus países de origen de 46 menores extranjeros no acompañados bajo tutela. Entre los expedientes remitidos por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a la Delegación del Gobierno se encuentra el del adolescente detenido como presunto autor de la violación de una niña de 14 años en Hortaleza, un caso que ha vuelto a situar el debate sobre inmigración y seguridad en el centro de la agenda política madrileña.
Ha sido el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, quien ha confirmado este miércoles que ya se han trasladado 37 expedientes de expulsión, a los que se suman otros nueve que están siendo evaluados por la Comisión Técnica, entre ellos el del agresor de Hortaleza. “Lo que es irresponsable es lo que está haciendo el Gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que está viviendo nuestro país”, ha denunciado García Martín volviendo culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “desatender” un problema que, a su juicio, desborda a las comunidades autónomas.
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La decisión final, sin embargo, no está en la mano del equipo de equipo de gobierno de Ayuso. Es a la Delegación del Gobierno en Madrid, bajo informe de la Fiscalía, a quien le corresponde dar curso a la repatriación de los menores. Una circunstancia que no ha impedido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso intensificar la confrontación con Moncloa a través de las redes sociales. “Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del Gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!”, escribió en un mensaje en la red X que busca capitalizar la indignación vecinal tras el suceso del pasado fin de semana.
La polémica, de hecho, se produce en un contexto marcado por el intento de Vox de convocar una protesta ante el centro de primera acogida de Hortaleza, donde residía el presunto agresor. La Delegación del Gobierno denegó el permiso por riesgo de altercados, pero la formación de extrema derecha mantiene su ofensiva contra la acogida de migrantes en Madrid.
Desde el Gobierno central, la respuesta ha sido tajante. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alertó este miércoles del “riesgo de orden público” que entrañan los discursos que vinculan inmigración y delincuencia. “Son falsos, como demuestran las estadísticas, y generan dudas sobre determinados colectivos amparadas en bulos de partidos con representación parlamentaria”, advirtió. Marlaska subrayó que, aunque España cuenta hoy con una población migrante más numerosa que hace quince años, la criminalidad ha descendido en ese mismo período, y recordó que solo una minoría de extranjeros es responsable de actividades delictivas.
El Ejecutivo acusa al PP y a Vox de inflamar un debate que, según el ministro, no responde a datos objetivos, sino a una estrategia partidista. “Este tipo de declaraciones no avaladas generan una falta de convivencia y ponen en el centro a personas vulnerables como los menores migrantes no acompañados”, lamentó.
El episodio de Hortaleza ha vuelto a situar en la agenda pública la seguridad en los centros de acogida, que son de régimen abierto y no permiten restringir la libertad de movimiento de los menores salvo orden judicial. García Martín defendió que la Comunidad ha reforzado la vigilancia en los últimos años, pero admitió que sus competencias están limitadas: “Las comunidades tenemos los medios que tenemos y nos tenemos que ajustar a la normativa, que es estatal”.
El caso amenaza con convertirse en un nuevo foco de confrontación política entre Ayuso y Sánchez, con los menores migrantes en el centro del debate y con un trasfondo electoral en el que la seguridad, la inmigración y la convivencia se entrelazan en un discurso cada vez más polarizado.
